El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, habla en una reunión conjunta del Congreso en el Capitolio de los Estados Unidos el 24 de julio de 2024, en Washington, DC. (Foto de Drew ANGERER / AFP)
El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, habla en una reunión conjunta del Congreso en el Capitolio de los Estados Unidos el 24 de julio de 2024, en Washington, DC. (Foto de Drew ANGERER / AFP)
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Agencia EFE

El líder de la oposición en , el ex primer ministro Yair Lapid, dijo este jueves ante una comisión civil de investigación que su sucesor, Benjamín Netanyahu, no reaccionó ante el aviso de Defensa, a mediados del años pasado, sobre una previsible agresión de milicias palestinas, facilitando así el ataque del 7 de octubre del grupo islamista Hamás.

En su exposición, Lapid asegura que Netanyahu y su Gobierno enfocaron toda su atención en la aprobación parlamentaria de su reforma judicial -que buscaba reducir la independencia de la Justicia- a pesar del histórico movimiento de protesta que ello provocó, e ignoraron los avisos sobre la amenaza de seguridad.

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El líder de la oposición asegura que en julio de 2023 recibió un informe de Ronen Bar, jefe del servicio interno de inteligencia, Shin Bet, que daba “advertencias sin precedentes” sobre “las consecuencias de seguridad” que trajo la polarización causada por la reforma.

Lapid recuerda haberle preguntado a Bar si Netanyahu y sus ministros del gabinete estaban al tanto “y la respuesta fue: ‘Por supuesto que sí’”.

El 21 de agosto de 2023, el secretario militar de Netanyahu, el general Avi Gil, dio al primer ministro y a Lapid un informe de seguridad en el que advirtió que los enemigos de Israel -Irán y sus milicias aliadas en la región- habían identificado “debilidad” en el lado israelí, incluyendo “una división interna, tensiones, una pérdida de preparación en el Ejército y una crisis emergente con Estados Unidos”, principal socio y proveedor de armas de Israel.

Lapid consideró que la advertencia de Gil fue dramática, pero que el mandatario israelí “parecía aburrido e indiferente ante el tema, y no hizo comentarios al respecto”.

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Además, Lapid asegura que vio material de inteligencia clasificado proporcionado al Comité de Asuntos Exteriores y Defensa del Parlamento que indicaba un mensaje “inequívoco: la disuasión israelí (contra sus enemigos) se había erosionado dramáticamente”.

“El material mostraba que Israel estaba en el mayor nivel de peligro”, recalcó el opositor que preside el partido Yesh Atid, y quien el 20 de septiembre de 2023 advirtió en una conferencia de prensa sobre el riesgo inminente de “una confrontación (bélica) en múltiples frentes”.

El partido de Netanyahu, Likud, reaccionó a estas declaraciones asegurando que Lapid “miente”.

“Netanyahu no recibió ninguna advertencia sobre la guerra en Gaza: ni un mes antes ni siquiera una hora antes del 7 de octubre. Todo lo contrario, y los protocolos lo demuestran”, indica un comunicado de Likud, que considera que Lapid “es el último que puede predicar la moralidad en cuestiones de seguridad”.

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El líder opositor aseguró que el presidente israelí, Isaac Herzog, también recibió las advertencias de seguridad, y culpó a la élite de Defensa por no actuar.

“En lugar de actuar, [el establishment de Defensa] esperó las instrucciones de la cúpula política”, dijo Lapid.

“No hay excusa para ello”, pero la responsabilidad de las Fuerzas de Defensa de Israel “no niega la responsabilidad de la cúpula política”, subrayó, asegurando que “la catástrofe era evitable”.

En octubre, Netanyahu dijo que “todos los funcionarios de seguridad, incluido el jefe de inteligencia militar y el jefe del Shin Bet, evaluaron que Hamás había sido disuadido. Esta evaluación fue presentada (...) hasta el estallido de la guerra”.

Hamás detonó la guerra al perpetrar un sorpresivo ataque contra Israel el 7 de octubre que incluyó el lanzamiento de unos 3.000 cohetes y la infiltración de unos mil milicianos que masacraron a 1.200 personas y secuestraron a otras 251.

Netanyahu, quien no ha asumido públicamente la responsabilidad por el ataque, se ha negado a establecer una comisión de investigación estatal, pese a las demandas del ministro de Defensa, la fiscal general y la sociedad civil.

En tanto, un comité del Parlamento supervisa las investigaciones internas del Ejército.

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