El equipo de búsqueda y rescate busca entre los escombros de los edificios derrumbados en Kahramanmaras el 14 de febrero de 2023, una semana después de que un terremoto devastara partes de Turquía y Siria dejando más de 35.000 muertos y millones en extrema necesidad de ayuda. - Kahramanmaras (Foto de OZAN KOSE / AFP)
El equipo de búsqueda y rescate busca entre los escombros de los edificios derrumbados en Kahramanmaras el 14 de febrero de 2023, una semana después de que un terremoto devastara partes de Turquía y Siria dejando más de 35.000 muertos y millones en extrema necesidad de ayuda. - Kahramanmaras (Foto de OZAN KOSE / AFP)
/ OZAN KOSE
Agencia EFE

Las han detenido a 64 personas acusadas de “hacer comentarios provocadores” enen relación a los dos que hace ocho días asolaron el sureste del país, dejando al menos 32.000 muertos.

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Diecisiete de los detenidos han entrado en prisión, según informó este martes la dirección de seguridad de Turquía, que indicó también que se ha identificado a los administradores de 531 cuentas de redes sociales en las que se realizaron ese tipo de comentarios.

Los medios turcos indican que entre los detenidos hay personas que dieron información falsa en las redes sociales, por ejemplo, uno de ellos se inventó que se habían derrumbado tres edificios en Sanliurfa en las réplicas posteriores a los sismos del lunes.

En las redes sociales turcas muchos ciudadanos se quejaron tras el terremoto de la ausencia de ayudas y la tardanza de los equipos de rescate.

Turquía aprobó el pasado octubre una polémica ley sobre desinformación que castiga con hasta tres años de cárcel la difusión de “noticias falsas”.

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La normativa ha sido criticada por la OSCE -así como por diversas ONG internacionales- porque sus vagas definiciones y su amplio alcance pueden conducir “a acciones arbitrarias y políticamente motivadas a expensas de la libertad de expresión”.

Las autoridades turcas también indicaron que cerraron 46 páginas de internet por pedir de forma fraudulenta ayudas a los ciudadanos.

Se determinó que los sitios web cerrados habían sido creados para abusar de la buena voluntad de quienes querían ayudar a las víctimas del terremoto.

El comunicado añade que también se identificaron 15 cuentas en redes sociales que exigían dinero a los ciudadanos utilizando o imitando el nombre de instituciones oficiales.

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