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La Asamblea Nacional Constituyente (ANC) de Venezuela —un órgano conformado enteramente por oficialistas— aprobó este jueves una ley que le otorga poderes extraordinarios al presidente Nicolás Maduro y le permite firmar nuevos acuerdos petroleros con empresas privadas tanto nacionales como extranjeras.
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Bautizada como la “Ley Antibloqueo”, busca eludir las sanciones económicas impuestas principalmente por Estados Unidos al gobierno de Nicolás Maduro.
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“El país cree en mí, creen en la ley porque eso lo redacté yo. Hay un gran país que tiene la esperanza renovada, que repudia las sanciones y exige que se levanten. Va mi palabra y va mi vida en la Ley Antibloqueo”, aseguró el presidente venezolano.
La nueva ley anula vías legales, le otorga a Maduro margen de maniobra legal y poca obligación de rendir cuentas.
Según el artículo 19 del texto, el Ejecutivo “procederá a inaplicar para casos específicos aquellas normas de rango legal o sublegal cuya aplicación resulta imposible o contraproducente” de ser necesario para “superar los obstáculos” o “compensar los daños” de las sanciones.
Además, la ley le otorga el carácter de “reservado, confidencial o de divulgación limitada” a cualquier “expediente, documento, información, hecho o circunstancia” que el presidente venezolano considere pertinente, prohibiendo así el acceso a toda “documentación que haya sido calificada como confidencial o reservada”.
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La industria petrolera venezolana atraviesa una profunda crisis. (Getty Images).
“Antidemocrática”
De igual forma, le permite al ejecutivo realizar cambios en la propiedad de las empresas conjuntas entre la estatal petrolera PDVSA y empresas privadas, sin especificar el porcentaje de participación que tendría PDVSA en dichas empresas conjuntas.
La ley ha sido calificada por la oposición del país como “fantasma” y “antidemocrática”.
Según Provea, una ONG venezolana especializada en derechos humanos, se trata de un proyecto que contradice la Constitución" y “fortalece el carácter autoritario del gobierno”.
“Es prácticamente privatizar los activos de la República bajo un manto de poca transparencia y mucha discrecionalidad”.
Desde hace años, la producción petrolera venezolana —que hasta hace poco fue el mayor exportador en América Latina— está en caída libre.
De acuerdo con un informe de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), publicado en septiembre de 2019, la extracción de crudo en Venezuela se ubicaba en julio de ese año en unos 742.000 barriles diarios, poco más de la mitad de la cifra de 2018 (1.354.000) y poco más de un tercio de la correspondiente a 2017 (1,9 millones).
Este declive ha tenido un gran impacto en los ingresos de la nación caribeña, ocasionando una de las peores crisis económicas de su historia moderna.
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