El martes 30 de julio, tras las declaraciones del canciller Javier González-Oalechea, el Perú se convirtió en uno de los primeros países en reconocer a Edmundo González Urrutia como el presidente “legítimo” de Venezuela. Al día siguiente, el gobierno de Estados Unidos tomó la misma decisión al considerar que “las pruebas irrefutables de las actas” demuestran la victoria del líder opositor en los comicios del 28 de julio. Una situación que inevitablemente trae a la memoria lo sucedido en enero del 2019, cuando más de medio centenar de naciones reconocieron a Juan Guaidó como presidente interino del país.
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En consecuencia al pronunciamiento peruano, el régimen chavista decidió romper las relaciones diplomáticas entre ambos países y aseguró que el gobierno de Lima “desconoce la voluntad” del pueblo.
“El Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela ha decidido romper relaciones diplomáticas con la República del Perú, sobre la base del Artículo 45 de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961″, informó el canciller venezolano, Yván Gil, en su cuenta de X.
Cabe resaltar, además, que el miércoles 31 el conservador Frente Hemisférico por la Libertad, compuesto por parlamentarios, académicos, líderes políticos y defensores de derechos humanos de 15 países latinoamericanos, también reconoció a González como “único ganador” de los comicios.
En el caso estadounidense, fue el encargado del Departamento de Estado para Latinoamérica, Bryan Nichols, quien validó las actas electorales compartidas en internet por organizaciones de la sociedad y la oposición venezolana.
“La tabulación de esos resultados detallados muestra claramente una verdad irrefutable: Edmundo González Urrutia ganó con el 67% de esos votos frente al 30% de Maduro”, aseguró Nichols durante la reunión del Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA) sostenida el miércoles 31.
En su intervención, Nichols exhortó tanto a Maduro como a los demás países “del mundo” a reconocer a González como el ganador de los comicios.
Un llamado que inevitablemente trae a la memoria la decisión tomada en enero del 2019 por Mike Pompeo, entonces secretario de Estado, sobre Juan Guaidó.
Edmundo Gonzále Urrutia y María Corina Machado aseguran que la oposición ganó las elecciones.
- Semejanzas y diferencias -
Pero, ¿realmente existen paralelos entre lo sucedido en el 2019 con Guaidó y el actual pronunciamiento de la comunidad internacional sobre González?
“Es una situación muy distinta porque aquí no estamos hablando de supuestos jurídicos sino de puritanismo jurídico constitucional, estamos hablando de un hecho que fue visto por todo el mundo, que fue la votación del domingo, y que el Centro Carter, el único observador calificado electoral que tuvo presencia, denunció como irregular. Por eso hay que marcar una distancia entre un proceso y otro”, explica a El Comercio el coordinador general de Provea, Oscar Murillo.
El 22 de enero del 2019, la Asamblea Nacional de Venezuela apeló a los artículos 233 y 333 de la Constitución para establecer un gobierno interino en el país, en consecuencia a las elecciones del 20 de mayo del 2018 que fueron consideradas ilegítimas por la oposición y la comunidad internacional, y en las que Maduro fue reelecto.
Al día siguiente, el presidente del Parlamento, en este caso Guaidó, asumió la presidencia interina del país. Tal decisión fue aceptada y apoyada por más de medio centenar de gobiernos, principalmente por la Administración de Donald Trump en Estados Unidos, pero fue rechazada por Maduro, el Tribunal Supremo de Justicia y la Asamblea Nacional Constituyente, organismo creado por el régimen para debilitar a la Asamblea Nacional luego de que la oposición consiguiera ganar la mayoría parlamentaria en los comicios del 2015.
El gobierno interino de Guaidó se extendió hasta diciembre del 2022, cuando la oposición se pronunció a favor de ponerle fin.
Juan Guaidó fue reconocido como presidente interino de Venezuela por decenas de gobiernos, incluyendo de Estados Unidos y la Unión Europea.
“Esta vez no estamos hablando de supuestos o suposiciones, estamos hablando sobre pruebas. El proceso electoral venezolano es completamente automatizado. Cuando se cierra un centro electoral, se hace una transmisión electrónica que va directamente a la sala de totalización y de eso queda registro en un acta. Y esa acta debe ser repartida a cada uno de los testigos electorales”, comenta el representante de la organización venezolana defensora de los derechos humanos.
Murillo, además, destaca que ese sustento genera una gran diferencia entre el pronunciamiento de los gobiernos extranjeros con Guaidó y el que han realizado con González. “Estados Unidos ha reconocido la evidencia presentada por la oposición pero aún no ha reconocido la victoria de Edmundo González porque eso podría agravar mas bien las negociaciones, nosotros no sabemos en qué etapa se encuentran pero evidentemente hay una mesa de negociación internacional encabezada por Brasil, Estados Unidos, Colombia y México para buscar una salida a esta situación y evitar una escalada de violencia que pueda causar mucho más dolor al pueblo venezolano”, señala Murillo.
“Yo considero que más importante que la declaratoria de reconocimiento es insertarse en este músculo que se ha creado en la comunidad internacional y que ha reclamado que se publique de manera detallada todas las actas de los centros de votación. Aunque evidentemente queda demostrado que el poder electoral no es autónomo, no es independiente, que responde más a los intereses de aferrarse al poder de una cúpula gobernante y eso los hace corresponsables de esta crisis”, agrega el experto.
