El partido Vente Venezuela, liderado por la líder opositora María Corina Machado, exigió este viernes la liberación de sus tres colaboradores “secuestrados” el pasado 23 de enero por “cuerpos represores del régimen”, en referencia al Gobierno de Nicolás Maduro.
En un comunicado, el Comité de Derechos Humanos de Vente Venezuela indicó que, este viernes, se cumple un mes del “secuestro” de Luis Camacaro, Juan Freites y Guillermo López, jefes del comando de campaña de la exdiputada en los estados Yaracuy, La Guaira y Trujillo, respectivamente.
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Luego de que fueran detenidos “de manera arbitraria, sin una orden judicial”, según la formación antichavista, los tres colaboradores de la candidata de la principal coalición opositora a las presidenciales de este año fueron víctimas de una “desaparición forzada durante 27 días”, además de “criminalizados, a través de las redes sociales, por voceros del régimen”.
“Se les negó el derecho al debido proceso y no se les permitió comunicarse con sus familiares ni abogados de confianza”, aseguró Vente Venezuela.
En este sentido, el partido señaló que Camacaro, Freites y López han sido “víctimas de un patrón sistemático de violaciones de derechos humanos que el régimen ha emprendido contra dirigentes políticos, líderes sociales, activistas de derechos humanos y sociedad civil que, de manera valiente, han decidido elevar la voz por la ciudadanía” para “recuperar la democracia”.
Vente Venezuela mencionó casos como el del sindicalista Víctor Venegas, simpatizante de Machado, y el de la activista Rocío San Miguel, detenidos este año, quienes son “criminalizados por un Maduro represor que viola sistemáticamente los derechos humanos”, según el partido, que también exigió la libertad de estos ciudadanos.
De acuerdo con la ONG Foro Penal, en el país caribeño hay 264 “presos políticos”, uno más respecto al reporte anterior, difundido hace una semana.
En enero pasado, el Gobierno chavista, tras denunciar conspiraciones que incluían el asesinato del jefe de Estado, activó la ‘Furia Bolivariana’, un plan para “defender el derecho a la paz” que, sin embargo, preocupa a ONG, opositores y expertos, quienes alertan de un “recrudecimiento” de la “represión y la persecución” política, a meses de las presidenciales, aún sin fecha definida.
WUF
