Catorce años de indolencia, por Gino Costa

Las cooperativas de ahorro y crédito constituyen, hoy, uno de los vehículos más utilizados para el lavado de activos en el Perú. En lo que va del siglo el aumento de sus depósitos, patrimonio y socios ha sido exponencial; sospechosamente su mayor crecimiento ha sido en las regiones donde se asienta el Vraem, que produce el 71% de las drogas cocaínicas que exportamos ilegalmente al mundo. Muchas de ellas, además, adquirieron notoriedad cuando se descubrió su utilización por la red criminal de Rodolfo Orellana Rengifo.

Esto no debe llamar la atención, pues estas cooperativas son las únicas instituciones que captan ahorros que no están bajo el radar de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), como sí lo están los bancos, las financieras, las cajas municipales y las cajas rurales, entre otros. Sus ahorristas no tienen ninguna garantía de que existan los controles adecuados sobre quienes manejan sus depósitos, que estos sean adecuadamente utilizados y que, a través de un fondo de seguro, las cooperativas tengan el respaldo necesario para eventualmente devolverles su dinero.

¿A qué se debe este trato preferencial con las cooperativas de ahorro y crédito? Fina cortesía del Congreso de la República, que desde hace 14 años se opone contra viento y marea a someterlas a la supervisión integral de la SBS. Son múltiples los proyectos de ley que se propusieron este objetivo, pero todos se quemaron en la puerta del horno. ¿Volverá a ocurrir una vez más?

Junto con fortalecer la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), nuestro compromiso de campaña para enfrentar el lavado de activos fue resolver este asunto. La oportunidad para hacerlo fue el pedido de facultades delegadas de inicios del gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, cuando logramos otorgarle a la UIF el acceso al secreto bancario y tributario. Empero, por recomendación de la SBS, con las cooperativas se optó por seguir el curso legislativo ordinario para consensuar una ley con los directamente involucrados, especialmente la Federación Nacional de Cooperativas de Ahorro y Crédito del Perú (Fenacrep). Aunque los antecedentes no eran alentadores, el propósito era loable.

Así, se inició un nuevo esfuerzo legislativo, en base al proyecto de la SBS y el de Víctor Andrés García Belaunde, que fueron acumulados. A mediados del 2017 la Comisión de Economía dictaminó el proyecto, que entró a la agenda del pleno y, antes de discutirse, sorprendentemente se despachó a la Comisión de Producción, Micro y Pequeña Empresa y Cooperativas, cuya opinión antes había sido exonerada. A pesar de todos los obstáculos, la Comisión de Producción también se pronunció favorablemente en diciembre pasado. Y desde entonces, nada.

Muy mala señal para el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat), que está evaluando el cumplimiento de nuestros compromisos internacionales contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. En su última visita, hace diez años, precisamente recomendó someter las cooperativas de ahorro y crédito a la supervisión integral de la SBS. Si nos vuelve a encontrar en falta se nos puede pasar a una lista internacional de países con serias deficiencias en esta materia, como lo ha dicho la superintendenta Socorro Heysen, con el riesgo adicional de entorpecer nuestro acceso a la OCDE.

Para evitarlo, tenemos hasta el 1 de junio, en que la misión de Gafilat concluirá su visita al país. Sería una pena que el Congreso desaproveche la oportunidad para finalmente derrotar la lamentable indolencia que ha tenido, hasta ahora, en este importante asunto.