Según la Federación Internacional de Diabetes, en el Perú, 1,3 millones de personas entre los 20 y los 79 años padecen algún tipo de esta enfermedad. A pesar de que su control es indispensable para evitar complicaciones graves e incluso la muerte (no olvidemos que este mal representa nada menos que la tercera causa de muerte en el país), el 65% de los pacientes no alcanza este objetivo debido a múltiples barreras como la falta de infraestructura y medicamentos necesarios para la atención médica, así como el desconocimiento sobre la enfermedad entre el público general y la escasa capacitación de los profesionales de la salud en su abordaje.
Recientemente, se publicó el reglamento de la ley general de protección a las personas con esta condición, que promueve herramientas que contribuyen a priorizar la atención de esta patología, como el establecimiento del Programa Nacional de Diabetes, que debe ser aplicado por cada entidad del sector salud, público o privada, especialmente en el nivel primario, o la creación del Registro Nacional de Pacientes con Diabetes, principalmente para el tipo 1, ya que este tipo de diabetes no cuenta con una prevalencia ni incidencia actualizada en el Perú, afectando a niños y adolescentes que necesitan diagnóstico temprano y tratamiento con medicamentos y dispositivos actualizados.
Pero para que estas iniciativas se materialicen, hay dos acciones básicas que se deben priorizar en el corto plazo. La primera es la pronta creación de un comité, compuesto por funcionarios competentes, que ponga en marcha los ejes de acción del plan. Estos ejes incluyen la implementación de estrategias educativas que fomenten estilos de vida saludables, la mejora del diagnóstico y el manejo integral de la enfermedad en los pacientes. En esa línea, lo que sigue es agilizar la aprobación de la guía clínica para diabetes tipo 1, tipo 2 y diabetes gestacional, que ayudará a los profesionales de la salud a tomar decisiones apropiadas en su práctica diaria y a utilizar la lista de medicamentos pertinentes para un control eficiente de la enfermedad.
Sin duda, la aplicación de esta ley y su reglamento representa un gran reto. La colaboración entre el Estado, las instituciones privadas, las ONG y los profesionales de salud, así como la capitalización de experiencias anteriores que contribuyan con este objetivo, es primordial en estos momentos. Iniciativas como el programa Changing Diabetes in Children (CDiC) del que soy director, que se implementó en nuestro país hace dos años y que brinda atención integral y gratuita en consultorios especializados de la Diris Lima Sur como respuesta a la brecha de atención de la diabetes tipo 1 pueden servir como ejemplos para ejecutar la normativa y el impacto que tendría en el bienestar de los pacientes. El programa no solo comparte objetivos similares a la Ley de Protección a Pacientes con Diabetes en el Perú, sino también representa una oportunidad para colaborar en la reestructuración del sistema de salud peruano que debe optimizar la atención de las enfermedades crónicas en el nivel primario, sobre todo después de la experiencia de la pandemia del COVID-19 que produjo una alta mortalidad en ese nivel.
Como actores del sector salud, tenemos una herramienta para cambiar el futuro de las personas con diabetes, y la suma de esfuerzos asegurará que los avances sean palpables y percibidos por los pacientes que han conseguido una ley que les asegura la calidad de vida que merecen.