Encrucijada, por Luis Carranza

Hoy el Perú se encuentra camino al estancamiento económico y social. Esta situación se caracteriza no solo por el bajo crecimiento del PBI, sino por la intermitente inestabilidad económica y social y con instituciones políticas poco desarrolladas y en algunos casos secuestradas por grupos de interés.  En esta situación tenemos circularidades negativas que generan una trampa para el crecimiento. Así por ejemplo, tenemos que no hay inversión porque existe conflictividad social; pero a su vez, la conflictividad social surge por problemas de desigualdad y falta de empleo, que son causados por la ausencia de inversión. Esta ha sido la historia de nuestros casi 200 años de vida republicana.

Existen dos explicaciones opuestas de por qué estamos empantanados. La primera hipótesis tiene que ver con que el modelo de crecimiento peruano es “primario exportador” y ya se agotó. En esta visión, las condiciones externas determinan el bajo crecimiento del país y las soluciones para crecer tienen que venir de un cambio estructural. Aquí surgen dos propuestas no excluyentes, la primera es enfocarse en redistribución de ingresos o el modelo “incluir para crecer”. Este modelo solo funciona si tienes aumentos constantes de transferencias externas que te permitan ampliar el gasto asistencial de manera permanente. Eso, como hemos visto en el caso de Brasil y otros países, no es sostenible en el tiempo. El segundo enfoque se basa en distribución de activos e intervención pública en la actividad privada. Este es el modelo aplicado en Venezuela, que no funciona bajo ninguna circunstancias. Más allá de que ambos modelos no sirven en el largo plazo para crecer y solo temporalmente pueden inflar la actividad económica, indistintamente llegan a deteriorar las instituciones democráticas en un país. En un caso, constituyen bolsones de población que dependen de las trasferencias gubernamentales y ante el miedo de perder esas ayudas terminan eligiendo una y otra vez al gobierno populista de turno. En el otro caso, el régimen se convierte en autoritario y poco a poco va eliminando los derechos fundamentales de las personas.

Estos regímenes populistas o autoritarios dejan el poder político cuando el deterioro de las condiciones de vida de la población es mayúsculo. 
En el caso peruano vemos que se optó por el modelo “incluir para crecer”. Así el gasto asistencial se multiplicó por 3 y para el presupuesto de este año se contempla cerca de 5.000 millones para los programas sociales. El presidente Humala hace campaña política asustando a la población que le eliminarán ese gasto asistencial. Adicionalmente, el Gobierno se enfrascó en un programa de “diversificación productiva” confundiendo causa y efecto, pero además aplicando medidas contraproducentes como la eliminación gradual del ‘drawback’ sin tener una mejora sensible de las condiciones de competitividad del país en general y para las exportaciones no tradicionales, en particular.

La segunda explicación de por qué estamos empantanados es que se cambió el modelo de crecimiento que tenía el Perú. En los primeros años de este gobierno seguimos creciendo por inercia, pero el impulso se fue perdiendo. La discusión de si este año creceremos 3% o 4% es irrelevante frente a la ruta que estamos tomando como país. La dinámica política y social que estamos viviendo, donde los casos de Conga, Pichanaki y Tía María son emblemáticos pero no son los únicos, son las señales más claras del rumbo que se está siguiendo. 

Los tres elementos claves para entender este proceso de estancamiento son: (i) La ausencia del Estado para preservar los derechos de propiedad y la efectividad de los contratos, (ii) la desconfianza de la población en la efectividad del Estado para defenderlos de potenciales daños medioambientales y garantizar la dotación de agua y (iii) La falta de capacidad del Estado para usar bien los impuestos, mejorando las condiciones de vida de la población por buenos servicios y no por gasto asistencial es fundamental para reducir la desigualdad de manera permanente. 

Construir un Estado fuerte, efectivo en sus tareas esenciales, que tenga legitimidad ante la población y que vaya construyendo cohesión social es un proceso largo en el que desgraciadamente hemos retrocedido en estos últimos años.