El envejecimiento de la población peruana no se detiene y, de la mano con este proceso, urge restituirles a nuestros adultos mayores sus derechos ciudadanos, a fin de que accedan a una mejor calidad de vida, recibiendo cuidados y protección por parte de su familia y de nuestra sociedad.

Cierto es que el Estado tiene entre sus múltiples misiones mejorar la calidad de vida de los para asegurar su inclusión, un cometido que está a cargo del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) que atiende a los que viven en pobreza extrema a través del programa . Este alcanza a 627.924 usuarios de los 856.147 que cumplen los requisitos en el país. El Estado ha ido incrementando la inversión en la protección de esta población vulnerable, ya que, como porcentaje del PBI, en el 2012 la inversión representaba el 0,05%; mientras que, en el 2023, la inversión alcanza el 0,17% del PBI; esto es, unos S/999,8 millones.

En esta línea, el Gobierno Peruano se ha comprometido a fortalecer la protección social para los adultos mayores pobres extremos y una forma de hacerlo es ampliando el presupuesto en el 2024, para atender a los 191.000 adultos mayores que están en lista de espera, el mayor incremento desde la creación de este programa social en el 2011. Con este aumento, más del 50% de regiones del país logrará cerrar la brecha entre quienes tienen acceso a Pensión 65 y los que no. Este importante avance va acompañado de mejoras en el servicio, con la ampliación de los canales y modalidades de cobro, con el consiguiente efecto multiplicador sobre las economías locales, al aumentar el consumo y la demanda.

Pero también está la recuperación de su derecho de participar en comunidad y contar con una red de apoyo. En lo que va del año, hay más de 76.000 usuarios que asisten, colaboran o participan en Saberes Productivos, demostrando y fomentando los saberes del Perú milenario, ayudando así a rescatar y revitalizar las 48 lenguas originarias y propiciando pequeños emprendimientos que les permiten la generación de otros ingresos, una dinámica alcanzada mediante la articulación entre Pensión 65 y más de mil municipios.

Ahora el gobierno tiene el gran reto de implementar políticas públicas para fortalecer el sistema nacional de protección social de este sector de la población, una ruta que se ha iniciado con los que forman parte de Pensión 65 quienes hoy, al recibir una subvención económica, también acceden a los servicios de salud, educación y otras prestaciones sociales que antes no tenían.

En ese sentido, recientes investigaciones demuestran que Pensión 65 tiene un efecto positivo sobre la salud y otras variables de bienestar, ya que puede reducir la tasa de mortalidad de sus usuarios en 11,4 puntos porcentuales y podría aumentar su esperanza de vida en más de un año. También hay evidencia de que aporta en la reducción de la anemia y la depresión e incrementa el uso de los servicios médicos.

Luego de 12 años de operaciones, Pensión 65 tiene como desafíos inmediatos la ampliación gradual de su cobertura hacia adultos mayores pobres, así como el incremento del monto de la prestación económica, ya que los S/125 mensuales que reciben aún es insuficiente para que nuestros adultos mayores vivan en tranquilidad y con dignidad, amor y respeto.

*El Comercio abre sus páginas al intercambio de ideas y reflexiones. En este marco plural, el Diario no necesariamente coincide con las opiniones de los articulistas que las firman, aunque siempre las respeta.

Julio Mendigure Fernández es director ejecutivo de Pensión 65