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En respuesta a los desastres ocasionados por El Niño costero, el gobierno presentó al Congreso un proyecto de ley que fue aprobado con modificaciones, a fin de establecer reglas de juego más flexibles que nos permitan avanzar hacia una reconstrucción más efectiva.
El proyecto buscaba atacar los problemas de excesiva regulación, lentitud en la gestión, falta de articulación y débil liderazgo que enfrentan muchas entidades, estableciendo una serie de excepciones a las normas para efectos de la reconstrucción. Habría que preguntarse si no es el momento de revisar nuestra regulación de manera integral, en vez de dar respuestas específicas ante cada problema, y empezar a incidir en una mayor capacidad de gestión del Estado.
Uno de los temas que más debate generó en torno a la ley fue el del control. Si bien se llegó a consensuar con el Congreso varios ajustes, incorporando el control posterior, es interesante constatar que se sigue alimentando la idea de que el control es un obstáculo para la gestión gubernamental, siendo una de las causas de las demoras en la gestión. El control es un elemento fundamental y consustancial al Estado democrático y al sistema republicano. El Estado no es dueño de los recursos económicos, el dinero es de todos los ciudadanos. Según el mandato constitucional, la Contraloría General verifica que los funcionarios y servidores públicos actúen conforme a ley, resguardando el gasto público. El control es la otra cara de la moneda de la gestión pública. Sin control no existe una gestión eficaz y moderna.
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El proyecto planteaba tres aspectos que, desde mi punto de vista, eran debatibles. Primero, la privatización de la potestad de control gubernamental, toda vez que se proponía que el control sobre la actuación de la Autoridad de Reconstrucción fuese ejercido por la contraloría a través de empresas auditoras con representación y afiliación internacional no menor de diez (10) años. Nada en la Constitución ni en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de República autoriza la delegación de facultades inherentes a un organismo constitucionalmente autónomo.
Segundo, la propuesta de un control simultáneo y vinculante con exclusión definitiva del control posterior contradice el modelo que prevalece en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control, donde el control es preferentemente posterior y selectivo. No necesariamente es un mal planteamiento, pero la idea pudo ser mejor elaborada. Necesitamos mecanismos que apunten más a la prevención que a la sanción. Para ello se requiere incorporar en el sector público las recomendaciones del “Estudio de la OCDE sobre integridad en el Perú” vinculadas a fortalecer un sistema de integridad, el control interno, la ética pública y la rendición de cuentas.
Tercero, el proyecto pretendía instituir una casi total exención de responsabilidad de los funcionarios por el ejercicio de competencias discrecionales, salvo casos de dolo o culpa inexcusable. El tema está mejor regulado en las propias normas de la contraloría, donde se establece que, en los casos en que la legislación autorice a los funcionarios ciertos grados de discrecionalidad, el auditor no puede cuestionar su ejercicio solo por contar con una opinión diferente. Es decir, en dichos casos, el control no puede interferir en la toma de decisiones y gerencia de las entidades.
Ante la magnitud del desastre, se necesitará un fuerte liderazgo para lograr una efectiva reconstrucción. Más allá de la necesidad de crear un órgano ejecutor, es urgente repensar la manera en que el Estado enfrenta los desastres naturales, orientándose a la prevención, corrigiendo los asentamientos en zonas de riesgo y, ante todo, planificando el crecimiento de nuestras ciudades.
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Nadie ignora que el sector privado responde de manera más ágil, eficaz y eficiente que el sector público. Contamos con mecanismos para aprovechar esa ventaja comparativa en los proyectos de reconstrucción que se avecinan. Sin embargo, no podemos perder de vista que la responsabilidad sigue siendo del Estado. Como nos lo muestra la experiencia reciente de los casos de corrupción vinculados a grandes empresas, se deben generar mecanismos de promoción de la inversión privada, pero acompañados de controles eficientes y efectivos, evitando que la corrupción se convierta nuevamente en la protagonista de nuestra agenda pública.
