Ya está. Por estos días, en nuestra ciudad se ha ido instalando ese paisaje de guerra que nos agobia cada cuatro y cinco años. En la berma central de cualquier avenida, calle o jirón; colgando entre dos postes u ondeando como una bandera en uno de ellos. Bajo un puente, multiplicado al infinito en una pared, en la ventana de una combi o partiendo incluso en dos el parque al que suele llevar a sus hijos. Y si acaso ellos, inocentes, le preguntan quién es ese señor o señora sonriente que aparece en el panel, miéntales, por favor. Dígales cualquier cosa, lo primero que se le ocurra, pero no les revele tan pronto de qué clase están hechos los políticos de este país.
Los limeños y nuestra ciudad estamos siendo nuevamente sometidos a la inclemencia de una contienda electoral para los municipios que anticipa lo que, usualmente, veremos después en los ganadores: que incumplen sus promesas. Ante los ojos de los candidatos a las alcaldías, y, sobre todo, ante los ojos de sus asesores de campaña, cada rincón de Lima se convierte en un lienzo en blanco para pelear por quién tiene el aviso con el rostro más grande.
Obviamente, entre otras cosas, todos ellos le asegurarán a usted, ingenuo elector, que dejarán como encontraron el espacio que intervinieron con sus anuncios pero, como ya lo dije, esa será, probablemente, una promesa más que no cumplirán. Así pierdan o ganen.
Pero quizá lo más indignante de las elecciones –y algo que a usted le toca el bolsillo, así que siga leyendo– es que se utilicen recursos públicos para hacer campaña. El sábado, el periodista Luis García Bendezú reveló en El Comercio cómo, escudándose en el supuesto deber de anunciar las obras a sus vecinos, los alcaldes que tientan la reelección ejecutan sus campañas, caleta nomás, llenando sus distritos con avisos (léase paneles, pancartas, volantes, etc.) y que, pese a no llevar su firma, burlan la regla básica de la publicidad electoral: proteger la imparcialidad del Estado en las elecciones.
Ocho municipios limeños, así como el gobierno regional y la Municipalidad Provincial del Callao, han infringido el Reglamento de Publicidad Estatal en Período Electoral, según lo comprobó el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) desde marzo de este año.
Pero parece que la misma institución ha olvidado que su consigna es velar por comicios limpios y, en vez de multarlos con hasta S/.380 mil, como dice la ley, prefirió solo amonestarlos; es decir, pedirles que procuren evitar hacer lo que hicieron sin la mínima vergüenza. Una llamadita de atención pese a que la multa –que, claro, debería más bien ser pagada con el bolsillo de los alcaldes, pues de lo contrario solo seguimos perdiendo los vecinos– podría ponerlos en su sitio.
La Defensoría del Pueblo ha alertado al JNE sobre otras 13 violaciones a las normas de publicidad electoral pero, como advierte la funcionaria Eliana Revollar, si el jurado no aplica la ley, “las municipalidades van a hacer lo que quieren en estas elecciones”.
Así que ya lo sabe: si su alcalde va a la reelección, es seguro que pronto lo apabullará con el cartelito de “buenas noticias para los vecinos”. Opte por lo más sano: ignórelo.