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Las crisis sanitaria y económica causadas por el COVID-19 son crisis gemelas. Una es consecuencia de la otra. Es más, en ausencia de vacunas contra el coronavirus, la segunda es el tratamiento mismo frente a la pandemia. Dadas las restricciones sanitarias, los enormes costos en la salud pública y en el tejido social, y las consecuencias políticas de tomar el camino de la inmunidad del rebaño, no había grados de libertad posibles. De una u otra manera, unos más temprano y otros más tarde, todos los países del mundo han recorrido (o vienen recorriendo) estos tristes caminos: confinamiento social obligatorio y recesión económica. Este no era el dilema.
Dada esa estrategia general, los resultados peruanos son insatisfactorios en ambos frentes. Según el Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades (ECDC), en número de muertes por millón de habitantes el Perú lidera la lista en América Latina. Ello, sin tomar en cuenta el llamado “exceso de muertes”. Por su parte, en las caídas esperadas para el PBI en el 2020, el Perú también aparece dentro de los más golpeados. Según el FMI, mientras la región en promedio caería cerca de 9,4%, el país lo haría en 14%.
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¿Estos resultados estaban jugados desde el inicio? Si se diseña un confinamiento de amplio espectro y por un período largo, el sector formal –que aporta cerca del 82% del PBI– terminará por caer y, por añadidura, también lo harán los ingresos fiscales. Mientras que, por el lado laboral, el 30% del empleo privado urbano es independiente y cerca del 45% de los trabajadores urbanos dependientes son informales y trabajan en una microempresa informal. Estos trabajadores tienen ingresos laborales muy precarios e inferiores a los de sus pares de las microempresas formales. Estos amplios grupos son los que han terminado por romper el confinamiento social obligatorio, en particular los dedicados al comercio al por menor; un sector que da empleo al 15% de la PEA nacional.
El bono genérico “Quédate en casa” se diseñó para cuatro semanas y la cuarentena oficial viene tomando 15 semanas. Se pretendía que la población con trabajos independientes o informales viviese de sus propios ahorros por casi tres meses. Solo los trabajadores formales pueden acceder a sus CTS y a parte de sus fondos de pensiones. Es decir, una minoría laboral, luego de los trabajadores informales y los independientes. Mientras que los mercados de abastos –sin control hasta la semana ocho de la cuarentena– y la entrega del bono mismo generaron más contagios.
El plan reactiva 1 se diseñó para cubrir un mes de ventas perdidas. El plan reactiva 2 comenzará luego de 3,5 meses de confinamiento obligatorio.
Durante las primeras seis semanas se diseñó un plan de reanudación de actividades en cuatro fases: una por mes, desde mayo hasta agosto. Obviamente, habría que dejar para el final las actividades con mayores índices de contacto, grandes esparcidoras del virus (el transporte público entra en este rubro, pero su reanudación era esencial). Aquí, la desconfianza en el sector privado y los mecanismos del mercado fue muy grande. Dejando de lado a las de alto índice de contacto, las empresas de cualquier sector y de cualquier tamaño que puedan cumplir con los nuevos protocolos de salud tendrían que haber entrado cuando considerasen que estaban listas. Las que no lo considerasen así, simplemente no operaban, y las que se pudiesen adaptar al trabajo remoto, enhorabuena. El camino escogido burocráticamente viene haciendo más duro el choque de oferta del confinamiento, tendrá mayores y más duraderos efectos en la demanda interna, y hará más difícil el trabajo de la política fiscal expansiva para la segunda parte del año.
Además de empresas endeudadas (y otras entrando en insolvencia) y de familias empobrecidas, el tesoro público también sufrirá severamente en su posición de hoja de balance. Ha sido víctima del propio confinamiento. Durante todo el Gobierno que ingrese en el bicentenario habrá un proceso de consolidación fiscal. Léase, gastos públicos relativamente bajos y mayor presión tributaria.
El confinamiento obligatorio llega a su fin. No existe economía en el mundo que pueda soportarlo muchos meses. Los indicadores de alta frecuencia muestran que vamos bien encaminados en la fase 2. La fase 3 en julio-agosto será decisiva para los resultados anuales. El virus no se ha desvanecido. Debemos evitar un rebrote que nos llevaría a una situación económica aun más calamitosa que la diseñada y ejecutada hasta ahora.
Las familias que puedan caer en pobreza extrema necesitarán un bono alimenticio por varios meses más. Aún se pueden mejorar los mecanismos para su entrega. Las empresas informales que requieran ayuda tendrían que ponerse a derecho con unas nuevas reglas tributarias y laborales.
Lamentablemente, en el trayecto de la curva epidemiológica y la curva recesiva, se han cometido algunas tropelías contra el buen funcionamiento de una economía de mercado. La relación Estado y mercado ha crujido. Asuntos como los peajes, la especulación y el acaparamiento, los controles de tasas de interés y las amenazas de destruir las microfinazas han mostrado que el virus del populismo puede ser más peligroso que el COVID-19, por sus efectos en el largo plazo.
Un Ejecutivo sin un apoyo partidario en el Congreso ya es una debilidad en el diseño de la gobernabilidad. Pero en medio de una pandemia, ese diseño puede ser una fábrica de empobrecimiento masivo al afectar el proceso de desarrollo económico y social.
