Confesión de parte, por Jaime de Althaus

Presentar una cuestión de confianza por un ministro sindicado de haber participado en atentados terroristas y haber pertenecido o pertenecer al Conare-Sutep, organismo generado por el Movadef (brazo político de Sendero Luminoso), solo podría entenderse como una descarada confesión de parte del Gobierno y del presidente de la República de simpatizar también con esa organización. Y solo eso es causal de vacancia.

Hacer cuestión de confianza del neosenderismo de un ministro es una grave e intolerable ofensa moral al pueblo peruano. Esa sería la causal fundamental, más allá de haberle mentido a la comisión de parlamentarios al decirles que ese tema no estaba en la agenda del Gobierno.

Pero un acto políticamente tan desvergonzado solo es explicable, además, si el verdadero objetivo del Gobierno es cerrar el Congreso para tener unos meses de dictadura legal que le permitan consolidar el proyecto de la asamblea constituyente que, a su vez, le dé todos los poderes para imponer, con la nueva Constitución, una dictadura constitucional permanente e indefinida. Ninguna novedad: es el plan bolivariano. Incluso lo anunció en Arequipa Evo Morales, el virrey del Foro de São Paulo, como lo llamó Ismael Benavides.

Si el Gobierno declara la guerra con esos fines, el Congreso tiene que prepararse y considerar todas las alternativas en defensa de la democracia. En realidad, una cuestión de confianza por un ministro interpelado ni siquiera debería aceptarse, sino declararse improcedente, porque no se puede hacer cuestión de confianza sobre una atribución exclusiva y propia del Congreso, que es la de interpelar y censurar. El artículo 131 de la Constitución dice: “Es obligatoria la concurrencia del Consejo de Ministros, o de cualquiera de los ministros, cuando el Congreso los llama para interpelarlos”. ¿Cómo se puede hacer cuestión de confianza contra obligación constitucional?

Para que no quede resquicio de duda, el Congreso aprobó la ley de desarrollo de la cuestión de confianza, pero aún no ha sido promulgada. El Ejecutivo tiene hasta el 7 de este mes para hacerlo u observarla. Mientras tanto, el Congreso tiene entre 4 y 10 días para debatir la moción de censura una vez presentada. Aún no se ha presentado.

Mientras tanto, Bellido puede cumplir su amenaza y presentar cuestión de confianza el lunes o martes, tal como lo pidió Guillermo Bermejo en el debate. En ese caso, se la declara improcedente o si –atendiendo a precedentes equívocos– se la admite, deberá ser rechazada. Con lo que caería el Gabinete Bellido.

Es cierto que eso es precisamente lo que estaría buscando el Gobierno para reemplazarlo por uno igual o peor y provocar así una segunda censura que gatille la disolución del Congreso. Pero, ante ello, no le quedaría al Parlamento más que la declaración de vacancia por defensa propia y de la democracia. Causales no faltan.

A estas alturas, es cada vez más ilusa la idea benevolente de que Castillo es un hombre débil dominado por los planes alucinógenos de Cerrón, de quien bastaría separarlo para que cambie. Castillo siempre defendió la asamblea constituyente y lo hizo en dos ocasiones en su reciente viaje al exterior. Está cumpliendo sus promesas. Como la de la “recuperación del gas”, acción demagógica porque el consorcio Camisea ya entrega el 65% de sus ingresos al Estado y el 100% de los peruanos se beneficia con una electricidad más barata.

Lo absurdo e indignante es que el país esté desperdiciando la mejor coyuntura histórica de precios de los minerales, que le permitiría crecer a 6 o 7% al año y reconquistarle rápidamente terreno a la pobreza. En lugar de eso, según el IPE, la inversión privada va a caer 18% el próximo año. La locura ideológica de la toma del poder total está destruyendo el país y empobreciendo a la gente.