Sin punche

Ha pasado casi un mes desde que el Ejecutivo presentara ante el Congreso un pedido de delegación de facultades legislativas centrado en la reactivación económica. Efectivamente, el último martes 28 de mayo, el Gobierno sustentó su pedido ante la Comisión de Constitución. Sin embargo, lo que ha primado en el espacio público es la apatía.

Como se sabe, la actual legislatura vence el 15 de junio. Aunque siempre es posible que esta se extienda, es poco probable que ello ocurra, habida cuenta de la animadversión que tiene su presidente, Alejandro Soto, por abrirse flancos para más presiones.

En consecuencia, si los plazos se cumplen, el Ejecutivo cuenta con pocos días para concretar sus aspiraciones. De no lograrlo, tendrá que esperar hasta agosto, cuando el Congreso concluya su receso. Debe recordarse que, para entonces, el liderazgo parlamentario habrá cambiado de rostros.

Este pedido se ingresó el 3 de mayo –numeración: Proyecto de Ley 7752 (PL 7752)– y busca, oficialmente, legislar para promover la “reactivación económica, simplificación y calidad regulatoria, actividad empresarial del Estado, seguridad ciudadana y defensa nacional” por un plazo de 90 días. En líneas generales, se trata de un proyecto bastante ambicioso, sobre todo si cubre la amplia gama de materias que plantea. Así, por ejemplo, de su artículo 3,1, referido a calidad regulatoria, puede colegirse que, de aprobarse las facultades, habría cerca de 60 decretos legislativos solamente sobre este tema en particular.

Como si fuera poco, quien debiera ser el principal promotor de la propuesta, José Arista, ministro de Economía, gana espacios en medios más por sus entredichos con otros funcionarios públicos (recuérdese su reciente discrepancia con Julio Velarde, presidente del BCR) que por resaltar la importancia que este pedido tiene (si es que lo tiene) en la agenda gubernamental.

Asimismo, el Gobierno en su conjunto soporta tantas presiones de tan diversas naturalezas que ello le ha restado impulso al PL 7752, que debería ser el eje de su acción política. Ciertamente, para los voceros gubernamentales, más importante resulta, por ejemplo, evitar que se investigue a la presidenta mientras dure su mandato. Incluso, resaltar la mayor aprobación de Dina Boluarte en ciertas zonas del país (y no el 5% que reporta en su sondeo el IEP) ha despertado mayor entusiasmo. Así, lo que caracteriza al PL 7752 es su orfandad política.

En suma, el Ejecutivo pareciera tomar con desgano su propia iniciativa, pues no se explica de otra manera la apatía con la que enfrenta la labor a la que se ha abocado. Parece un pedido, para usar términos caros a este gobierno, “sin punche”.