¿Controlar las ONG?

En el Congreso se está discutiendo una propuesta que eleva los controles a las organizaciones no gubernamentales (ONG) y les impone sanciones drásticas si realizan “activismo político” para “modificar las políticas públicas nacionales o resultados electorales en favor de los intereses de entidades extranjeras privadas con recursos de la cooperación técnica internacional”.

Ha habido mucho debate esta semana en torno de esta propuesta. Hay quienes consideran que es legítimo y deseable que el Estado Peruano someta a ciertas ONG que ejercen veladamente una influencia tan grande que logra imponerse –a su parecer– sobre poderes del Estado y organismos constitucionalmente autónomos. Este relato del poder omnímodo de las ONG es muy convincente en un sector de la opinión pública.

Otros son críticos furibundos de esta iniciativa, a la que consideran un mecanismo autoritario para censurar voces políticamente disidentes. A este grupo se plegaron tiempo atrás 16 embajadas extranjeras en Lima, que, apartándose de su usual recato diplomático, salieron en coro a criticar la propuesta en cuestión.

Quisiera, como procuro siempre en esta columna, decirles cuál es mi opinión y cuáles son los argumentos que la sustentan, para participar constructivamente en este debate.

Esta nueva regulación sobre ONG es, a mi entender, claramente antidemocrática y antiliberal. He visto intentos de defenderla comparándola con regulaciones similares en países del primer mundo como Estados Unidos, Reino Unido o Canadá. Pero esa comparación no se sostiene si uno revisa su formulación en detalle.

La propuesta del Congreso no define siquiera qué entiende por “activismo político”. No parecen entender sus autores que en las democracias existe una categoría de instituciones llamada “grupos de interés”, que engloba a las ONG, pero también a gremios empresariales, sindicales, colegios profesionales, etc., cuya razón de ser es el activismo político en el sentido más amplio y positivo. Pedirles que no lo hagan es como pedirle a una empresa que no venda productos o servicios, o a un partido político que no compita en elecciones. Ciertamente, lo que se puede criticar es cómo se lleva a cabo ese activismo político. Este no podría entrañar, por ejemplo, la comisión de delitos como soborno o extorsión, o recibir un trato privilegiado de alguna autoridad, pero para eso ya existe la legislación penal y otras regulaciones.

Ahora bien, aquí la intuición de muchas personas sobre la necesidad de que haya más transparencia es muy válida. Pero la propuesta en cuestión no se reduce a pedir tal cosa. Tal y como está redactada, basta que una autoridad administrativa (es decir, cualquier dependencia del gobierno de turno) considere que el “activismo político” de una ONG “busca modificar las políticas públicas nacionales [...] en favor de los intereses de entidades extranjeras privadas” (lo que sea que eso pueda significar) para aplicarle a esa persona jurídica una sanción que puede ir desde una multa de 500 UIT (poco más de S/2,5 millones) hasta la cancelación de su inscripción y registro en la Agencia Peruana de Cooperación Internacional.

La lógica detrás de esta propuesta es muy simple: si no me gusta tu activismo político, y da la casualidad de que recibes algún tipo de cooperación internacional, pues como gobierno te multo o te corto las fuentes de financiamiento. Aun cuando se afirma que el objetivo que persigue esta iniciativa es la transparencia, en realidad lo que está haciendo subrepticiamente es dejar abierta la puerta a la censura. Y, en democracia, la respuesta a un activismo político con el que uno difiere, si no entraña ilegalidad alguna, solo puede ser activismo político que lo enfrente.

Las ideas se combaten con ideas, no con censura o cualquier uso abusivo del poder público para restringir arbitrariamente libertades. Aunque sean –o, con mayor razón, si son– las de aquellos con quienes discrepamos.