Disonancia cognitiva, por Luis Carranza

La crisis política que vive el país es producto del conflicto que existe entre las creencias e ideas que se tiene en el Gobierno sobre la institucionalidad democrática y lo que está definido en la Constitución, que es conocido y aceptado por los partidos políticos y la población. El viernes último el Congreso decidió no otorgar el voto de confianza al Gabinete justamente por el riesgo del deterioro de la institucionalidad en el país. 

Al momento de escribir el artículo este entrampamiento político no se ha resuelto, pero el peso de la solución no está en la oposición sino en el Ejecutivo. El pedido de voto de confianza no presupone su obtención, como si fuese un mero ritual. Otorgar el voto de confianza refleja el compromiso mayoritario de las fuerzas políticas del país de apoyar la gestión del nuevo Gabinete porque se cree en la propuesta.

Y esto no es solamente una anécdota política. Esta falta de confianza es la razón fundamental de la desaceleración de la actividad económica en el país. Esta disonancia cognitiva se sustenta en una serie de falacias y contradicciones que han llevado a malas decisiones y la consecuente caída en el ritmo de crecimiento de la inversión privada. 

La principal falacia es la petición de principio, falacia en la cual la conclusión esta contenida en la premisa. Desde un inicio se pensaba que el crecimiento estaba garantizado y que la inversión privada, en especial la inversión minera, iba a continuar. Por tanto, se podía descuidar la competitividad del país, subir impuestos de manera excesiva, aumentar la regulación en todos sus ámbitos y que no tendría ningún impacto sobre el crecimiento. La realidad es que la economía se viene desacelerando y la inversión privada se ha estancado. 

Esto es más grave en el caso de la minería. Desde un inicio se modificó en exceso la carga tributaria minera, se ajustó la regulación ambiental y recientemente se incorporaron cargas para financiar las actividades regulatorias del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin) y que pueden crecer hasta llegar a 1% de las ventas, lo cual es claramente confiscatorio. 

La entrada en operación de importantes proyectos mineros en los próximos años, con el nivel récord de inversión minera logrado en el 2013, parecería evidencia suficiente para el argumento anterior. Pero aquí se cae en la falacia de la extrapolación o sesgo del último evento, “lo que ha venido pasando seguirá ocurriendo”, que está más relacionado con el pensamiento mágico que con el pensamiento lógico. Las inversiones mineras han seguido hasta ahora por decisiones corporativas tomadas hace varios años. La pregunta que deberían hacerse es por qué en Chile los proyectos mineros siguen creciendo y por qué en el Perú se han estancado. También preguntarse por qué importantes empresas están parando sus proyectos en el Perú y si están invirtiendo en otras partes.

Con el pretexto de diversificación de exportaciones se plantea un plan de industrialización cuyo sustento parte de un argumento falaz conocido como la afirmación del consecuente: “Los países desarrollados tienen industria y exportaciones diversificadas; por lo tanto, si exporto manufacturas seré desarrollado”. Con esa línea de argumentación se pueden implementar políticas que fomenten las exportaciones de manufacturas, pero que no generen aumento de productividad total en la economía y, por tanto, no nos lleven al desarrollo. La frase espejo “exportando materias primas nunca saldremos del subdesarrollo” se sustenta en un sesgo de selección de la muestra, al desconocer experiencias reales de países que a base de promover sus industrias extractivas han lograron crecer aceleradamente. El tema central es cómo incrementamos la productividad de todos nuestros sectores.

Sorprende ver al Gobierno defender de manera ofuscada su ejecución en inversión pública mencionando cifras absolutas, cuando en términos de PBI recién han alcanzado el mismo nivel que se tenía en el 2010, que fue de 5,9%. Al caer en la falacia de negación del ratio base, no se toma en cuenta que si se hubiese mantenido el mismo porcentaje se habrían invertido más de 10.500 millones de soles adicionales. También llama la atención el “anclaje mental” a sus cifras cuando se menciona los problemas de Qali Warma o el aumento de anemia en el país, entre otros. 

Más allá de lo que ocurra con el actual Gabinete, el Gobierno no debe caer en un falso dilema “estás conmigo o estás contra mí”. Se debe ser consciente de la urgencia de buscar consensos políticos, recuperar la confianza, fortalecer las instituciones y lograr un adecuado balance entre los incentivos para invertir y esforzarse y la necesidad de igualar las oportunidades. Ese es el único camino para llegar a la prosperidad de todos los peruanos.