
¿Hasta cuándo vamos a seguir permitiendo que Dina Boluarte y sus ministros se burlen de nosotros? Entre agosto y noviembre del 2024 solo se encarcelaron a 47 personas acusadas de extorsión. Esto nos muestra que no existe una estrategia para enfrentar a la delincuencia. No hay coordinación entre la policía, el Ministerio Público y el Poder Judicial. El cuarto de guerra de Boluarte no es más que un escondite de la desidia, la mediocridad y la esquizofrenia de quienes nos gobiernan.
Uno de cada cuatro peruanos se ha visto afectado directamente por el crimen organizado en los últimos tres meses. Las extorsiones están avanzando a pasos agigantados porque no hay quien las detenga y afectan en mayor medida a quienes tienen negocios pequeños y a quienes se desarrollan en la informalidad. Sin una estrategia clara del gobierno, no solo nada los va a detener, sino que las extorsiones y los asesinatos aumentaran porque la extorsión, seamos claros, en un país sin ley ni orden, como el Perú, es un buen negocio.
En setiembre del 2024, los gremios y asociaciones de transportistas realizaron dos paros para exigirles a las autoridades acciones concretas para detener la delincuencia. En ese momento, el 10% de los transportistas estaba siendo extorsionados. La inacción del estado ha llevado a que hoy la extorsión afecte al 60% de las empresas de transporte. Desde setiembre hasta hoy hay han sido 30 los choferes de transporte público asesinados. Martín Valeriano, presidente de la Asociación Nacional de Integración de Transportistas y uno de los organizadores del paro, considera que uno de los principales problemas para enfrentar la ola de extorsiones es que los mandos medios de la policía están confabulados con los delincuentes.
Los peruanos queremos vivir en libertad y sin miedo. Queremos salir a trabajar y construir un futuro para nuestros hijos. Y el estado tiene la obligación de garantizar que podamos hacerlo. Hasta el 8 de abril, el Sistema Nacional de Defunciones ha registrado 597 homicidios. Es decir, en nuestro país cada cuatro horas una persona es asesinada. Son 6.412 denuncias por extorsión hasta el 31 de marzo. El gobierno debe desarrollar una estrategia para poder acorralar y detener a los extorsionadores y sus sicarios. Esto implica desarrollar un equipo de inteligencia y dotarlos de todos los recursos que se necesiten para identificar las redes de criminales que están operando en el Perú. Y tienen que trabajar articuladamente con el Ministerio Público y el Poder Judicial. No es posible que se detenga criminales en flagrancia, con antecedentes y los jueces los liberen. Es necesario, también, construir cárceles en zonas alejadas de las ciudades y donde los sicarios estén efectivamente aislados y no puedan seguir operando, como viene sucediendo hoy día. Los delincuentes tienen que sentir el acecho de la policía, deben tener la certeza de que serán capturados y condenados. Porque en la medida en que sigan operando con impunidad, el crimen organizado seguirá creciendo y llegará un momento en que habremos perdido el control del país.
Nadie debe vivir con miedo y menos en una democracia. Nadie debe ser asesinado por salir a trabajar. El gobierno tiene la obligación de garantizar la vida y la seguridad de todos y cada uno de los peruanos.
Señora Boluarte, la responsabilidad de la seguridad de todos y cada uno de los peruanos es suya. No se equivoque. Si no tiene la capacidad de asumirla, pues entonces no debe ser presidenta del Perú.