¿Qué problemas se encontraron? Jean Lazo Torres, gerente de Desarrollo Económico de Surco, declaró a El Comercio que la clausura fue ejecutada por la subgerencia de fiscalización distrital tras comprobar el mal funcionamiento de algunas escaleras y ascensores, y la presencia una escalera metálica instalada sin autorización sobre la vía pública en el Jr. Monterrey.

Además, se comprobó que dos canchas deportivas en el último nivel del centro comercial carecen de licencia de funcionamiento.

“Un ascensor solo llega hasta el segundo nivel y otro no funcionaba por estar en mantenimiento. También, encontramos escaleras metálicas cerradas en la parte superior y exterior. Esto pone en riesgo la evacuación de las personas ante un incendio, sismo u otra emergencia. Además, no permite la accesibilidad de personas con discapacidad o en silla de ruedas”, detalló Lazo.

El gerente de Desarrollo Económico de Surco explicó que el establecimiento tiene más de 46 mil metros cuadrados y está dividido en tres etapas, gestionadas por diferentes administraciones. Las tres organizaciones corresponden a las tres etapas de ampliación que ha tenido el mall.

“La primera etapa comprende el primer nivel y una zona del segundo nivel. La segunda está a cargo de la zona del primer, segundo y tercer nivel. Y la tercera etapa tiene el tercer, cuarto, quinto y sexto nivel”, precisó Lazo.

Al compartir servicios comunes como los ascensores y escaleras, las tres juntas tienen la responsabilidad conjunta de asegurar el óptimo funcionamiento de estos espacios. “Hemos observado que las tres administraciones no tienen buen entendimiento para resolver problemas. Es una de las causas de esta situación”, mencionó Lazo.

“Hace 45 días, recibimos la denuncia vecinal de que las canchas deportivas del centro comercial no tenía licencia de funcionamiento. Efectivamente, la sugerencia de fiscalización realizó una visita y encontró que no contaban con el permiso, por lo que procedimos a clausurarlas”, relató Lazo.

Sin embargo, el funcionario indicó que las canchas continuaban funcionando una semana después debido al desacato de la administración de la tercera etapa. “Fue así que la subgerencia de fiscalización procedió a realizar una clausura temporal de toda la tercera y segunda etapa, administradas por la empresa CITY WALK S.A.C, porque se revocó el ITSE [certificado de Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones] que comparten”, narró Lazo.

El gerente indicó que la empresa solicitó el 27 de marzo una evaluación de la municipalidad para obtener un nuevo ITSE. Esta se realizó el 7 de abril. Fue entonces que encontraron los ascensores y escaleras eléctricas sin funcionar, así como la falta de autorización para una escalera que conecta el cuarto piso del mall con el Jr. Monterrey.

“El 8 de abril se envió una carta a CITY WALK para que, en un plazo de tres días hábiles, presente los certificados correspondientes de funcionamiento y mantenimiento de los ascensores y estas escaleras. Cumplido este plazo, no presentaron nada. Por lo tanto, la solicitud del ITSE fue denegada y, ya que ningún centro comercial puede operar sin el ITSE ni licencia de funcionamiento, la subgerencia de fiscalización procedió con el cierre temporal de la segunda y tercera etapa del C.C Caminos del Inca”, manifestó.

Lazo agregó que, el lunes 21, la municipalidad visitó la primera etapa del mall, encontrando escaleras eléctrica que permanecían clausuradas. En consecuencia, este martes clausuró temporalmente todo el establecimiento.

“Nosotros tenemos la obligación de garantizar que todos los espacios comerciales funcionen en condiciones seguras y con la documentación en regla. Los administradores tienen que ponerse de acuerdo para que las áreas comunes se encuentren en estado óptimo y los ciudadanos circulen libremente”, señaló el funcionario. Añadió que el cierre se mantendrá hasta que se subsanen todas las observaciones y se regularicen los permisos correspondientes.

José Luis Noriega, abogado de los administradores del centro, aseguró que los fiscalizadores municipales habrían inventado infracciones que no se habían observado en fiscalizaciones anteriores. Noriega explicó que las observaciones realizadas durante las últimas inspecciones “no corresponden a problemas que hubieran sido señalados en ocasiones anteriores”.

El abogado José Ugaz Gómez, quien también es representante de CITY WALK S.A.C., considera un “abuso de autoridad” por parte de la Municipalidad de Surco.

Según Ugaz, las observaciones realizadas por las autoridades no justificaban el cierre total del establecimiento, ya que muchas de las irregularidades señaladas ya habían sido subsanadas con anterioridad. Además, destacó que el cierre repentino de todos los locales contraviene los derechos de los comerciantes, quienes se han visto privados de su fuente de trabajo sin una causa legal clara.

“Esto ha rebasado largamente los límites del abuso de autoridad”, afirmó Ugaz, señalando que la medida tomada por los fiscalizadores de Surco fue excesiva e inapropiada. El abogado criticó la forma en que se ejecutó el cierre, considerando que no hubo un análisis adecuado de las circunstancias ni una evaluación proporcional de las infracciones cometidas.

Así también, Noriega agregó que, tras la tragedia ocurrida en el Real Plaza de Trujillo, las autoridades municipales habrían comenzado a buscar infracciones donde no las había.

“A propósito de la desgracia de Trujillo vino el pánico, el acoso y la intimidación sorpresiva. Estábamos en un proceso de fiscalización de rutina normal y se precipita esta crisis”, afirmó.