¿Nueva inestabilidad política en América Latina?

En el 2009, Aníbal Pérez-Liñán publicó un libro que se convirtió en una suerte de clásico de los estudios de la política latinoamericana: “Juicio político al presidente y nueva inestabilidad política en América Latina”. El autor llamó la atención sobre el hecho de que la inestabilidad política no conducía, como en el pasado, a interrupciones abiertas a través de golpes militares, sino que asumían formas “creativas”, como diversas modalidades de juicio político que terminaban con la destitución de los presidentes por parte de los congresos, por lo general cuando se trataba de presidentes en minoría, en medio de grandes manifestaciones de protesta callejera.

En los años siguientes, este tipo de aproximación quedó un tanto relegada porque, en el contexto del crecimiento de nuestras economías aprovechando el ‘boom’ de los precios de nuestros productos de exportación, la tendencia más bien pasó a ser el contar con presidencias fuertes y con altos niveles de popularidad. No es casualidad que también en el 2009 Daniel Zovatto hablara en un artículo sobre la existencia de una “fiebre” reeleccionista en la región, llamando la atención sobre los casos de Lula da Silva, Álvaro Uribe, Hugo Chávez, Rafael Correa y Evo Morales, que constituyeron una tendencia que se consolidaría en los años siguientes.

Sin embargo, en los últimos tiempos, con la desaceleración del crecimiento económico, la pandemia del COVID-19 y, más recientemente, los efectos de la inflación internacional y el aumento en los precios de insumos claves para la producción de alimentos, parece abrirse un nuevo ciclo de inestabilidad para nuestros presidentes. Nuevamente, nuestro país resulta pionero en el establecimiento de algunas tendencias, con la renuncia de Pedro Pablo Kuczynski en marzo del 2018, la disolución del Congreso de setiembre del 2019 por parte del entonces presidente Martín Vizcarra, la vacancia de este por parte del nuevo Congreso, la renuncia del presidente Manuel Merino y la juramentación del presidente Francisco Sagasti en noviembre del 2020, y, actualmente, con la precariedad del presidente Pedro Castillo, sobre el que pende la amenaza de alguna forma de destitución por parte del Parlamento.

Poco antes que Castillo, en Ecuador, Guillermo Lasso asumió la presidencia, imponiéndose en la segunda vuelta al candidato de izquierda Andrés Arauz. Pero al igual que Castillo, Lasso quedó con una bancada parlamentaria muy pequeña, muy lejos de poder construir una mayoría estable, por lo que varias de sus iniciativas de reforma no han sido aprobadas por el Congreso. Recientemente, en medio de un generalizado malestar por los efectos de la inflación, la subida en el precio de combustibles e insumos para la producción agrícola, se han dado masivas protestas en contra de su gobierno, respondidas con dureza por parte de este; y en el Congreso ya está en debate una propuesta para destituir al presidente Lasso. La Constitución Ecuatoriana establece que “la Asamblea Nacional podrá destituir a la presidenta o presidente de la República […] por grave crisis política y conmoción interna”, para lo que se requiere “el voto favorable de las dos terceras partes de los miembros”. Como puede verse, la causal de destitución parece depender de la fuerza de los votos y de una decisión política. Lo interesante del caso, y que marca una diferencia fundamental con nuestro país, es que, de producirse la destitución, “el Consejo Nacional Electoral convocará para una misma fecha a elecciones legislativas y presidenciales anticipadas para el resto de los respectivos períodos”. ¿Será este mecanismo de “muerte cruzada” suficiente para detener el ánimo “destituyente”?

En el resto del vecindario, tenemos gobiernos recién electos en Chile y en Colombia. Nuevamente, estamos ante presidentes que cuentan con una representación parlamentaria exigua que complica la posibilidad de construir mayorías estables. La gran pregunta, al igual que en el Perú y Ecuador, es si se logrará enfrentar la complejidad de los desafíos de una situación extremadamente difícil, con altas expectativas y desconfianza por parte de la población. Más que preocuparnos por si se trata de políticas de izquierda o derecha, lo importante es que sean mínimamente eficaces.