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La ONG de Roque, por Fernando Cáceres

"No vilipendiemos el dinero privado, que recursos públicos no nos sobran, pero sí acotémoslos a mecanismos que les den transparencia y no se presten a devolución de favores".

Fernando Cáceres Freyre Analista de políticas públicas

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"A partir de la reciente Ley 30689, ha quedado prohibido que las personas jurídicas nacionales, con o sin fines de lucro, realicen aportes a las campañas políticas". (Foto: Archivo El Comercio)

“El Perú tiene dos opciones: o vamos hacia adelante… o vamos hacia atrás”, decía el spot de la Confiep y la Sociedad Nacional de Industrias, publicado durante la segunda vuelta de la campaña del 2011. No había que ser adivino para saber que se trataba de una campaña que buscaba favorecer la candidatura de Keiko Fujimori por sobre la de Ollanta Humala. De ahí que tenga sentido que Jorge Barata la haya registrado –y declarado a los fiscales– como un aporte a la candidatura de Keiko Fujimori, y no como una campaña en favor de la empresa privada.

En otras circunstancias, sin embargo, los empresarios sí han realizado iniciativas principistas en favor de la democracia o el mercado, las cuales –lamentablemente– han terminado siendo prohibidas por presión social y miopía legislativa. Recordemos, por ejemplo, lo ocurrido con el programa Impulso para un Mejor Congreso de la ONG Reflexión Democrática, presidida por Roque Benavides, que se implementó en el 2006 y el 2011 para apoyar transparentemente –con capacitación y espacios publicitarios– a candidatos al Congreso seleccionados por sus credenciales democráticas.

La selección de los candidatos era realizada por un jurado independiente, vinculado con la academia, como Felipe Ortiz de Zevallos, Luis Bustamante e Ilse Wisotzki. Las empresas donaban recursos vía sus gremios y los beneficiarios elegidos por el jurado recibían el apoyo de Reflexión Democrática, sin tener cómo conocer qué empresas habían apoyado el proyecto, para no desnaturalizarlo. Un mecanismo que debería haberse potenciado y al cual el candidato Ollanta Humala, y varios medios, no dudaron en echar barro: “En vez de estar poniendo sus liendres en cada uno de los partidos para que después salgan piojos cuando lleguen al Congreso, mejor que hagan su partido político y digan el partido prominero […] esa ONG también vino al partido, a hacer la misma propuesta indecente y nosotros la rechazamos”.

La plata que, claramente, Humala parece no haber rechazado fue la de las empresas brasileñas, ¿verdad? Hace algún tiempo, según contó Fernando Vivas en el 2015, varias empresas propusieron a la ONPE crear un fondo a ser constituido por donaciones voluntarias y deducibles de impuestos para financiar a los partidos en competencia. El 20% se repartiría igualitariamente entre los candidatos y el 80% conforme a la representación congresal. La ONPE hizo suya la idea y presentó un proyecto de ley que, hasta ahora, duerme el sueño de los justos.

Ninguna de las dos iniciativas de las empresas formales prosperó. De hecho, a partir de la reciente Ley 30689, ha quedado prohibido que las personas jurídicas nacionales, con o sin fines de lucro, realicen aportes a las campañas políticas; solo pueden recibir financiamiento público, aportes de personas naturales y aportes de personas jurídicas extranjeras sin fines de lucro, dirigidas a formación, capacitación e investigación. Así, la nueva regla parece ser: “Bienvenido, Soros. Roque, tú no”.

Así, a fin de “prevenir actos de corrupción”, como reza la Ley 30689, hemos cerrado la puerta a iniciativas de empresas formales que, bien reguladas, podrían haberse circunscrito a fórmulas transparentes, para darle la bienvenida a (i) aportes disfrazados de cocteles o consultorías, (ii) triangulaciones de empresas privadas locales vía personas jurídicas extranjeras y (iii) más dinero del narcotráfico.

Tras Lava Jato, en el que las empresas favoritas del Partido de los Trabajadores de Brasil terminaron repartiendo a diestra y siniestra, no veo otro camino de colaboración público-privada que el de la transparencia. No vilipendiemos el dinero privado, que recursos públicos no nos sobran, pero sí acotémoslos a mecanismos que les den transparencia y no se presten a devolución de favores. ¿Y qué tal si repensamos iniciativas como la de la ONG de Roque?

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