El costo de la estabilidad

La incertidumbre en la que se halla Petro-Perú al cierre de esta columna grafica una situación preocupante que trasciende su destino. Es que, pase lo que pase con la mayor empresa peruana, no es el único asunto sobre el que el Ejecutivo debe plantear una posición. De este modo, la decisión que tome podrá ser también un anuncio de otras, igual de sensibles.

Como bien lo describía el reciente editorial de este Diario, el incidente con Petro-Perú “retrata a un gobierno que prefiere ponerse de costado”. La decisión, pues, parece tomada. “Y lo que esta anticipa para lo que resta de acá al 2026 pinta bastante mal”, concluía (El Comercio, 11/9/2024).

Debe recordarse que el comunicado del directorio renunciante recordaba las acciones que se habían sugerido para superar la situación de insostenibilidad financiera de la empresa. Además, reiteraba la falta de exigencias con las que se había gestionado la petrolera, mientras se la dotaba de ingentes recursos.

Frente a ello, el Ejecutivo pareciera optar por mirar al techo. Además, los crecientes rumores sobre las pretensiones de antiguos funcionarios y directivos no hacen más que encender justificadas alertas. Es, para tomar el título de un sólido trabajo de Carlos Paredes Lanatta, la tragedia de una empresa sin dueño.

Como se decía, no es el único asunto sensible sobre el que el Ejecutivo deberá plantear posición. En efecto, ya lo ha hecho al presentar, como corresponde por mandato constitucional, el proyecto de presupuesto que se debe debatir en el Congreso de la República.

Según el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), la descentralización es la principal característica del presupuesto para el 2025. Pero habrá que estar atentos por si esta innovación termina por favorecer a algunos ‘waykis’ agazapados en los gobiernos subnacionales.

Además, en consonancia con lo anunciado en el mensaje a la nación del 28 de julio, esta semana el vocero presidencial, Fredy Hinojosa, indicó que pronto se enviaría el respectivo proyecto de ley. Esperemos que ello no genere mayores estropicios a un Estado que requiere de mayor eficiencia, lo que no ha abundado en este gobierno.

De hecho, el voluntarismo sin norte puede resultar muy dañino. Richard Webb, por ejemplo, alertaba sobre la voluntad del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social para asumir la responsabilidad del seguimiento estadístico que, en la actualidad, cumple el INEI. Webb unía su voz a la de sus colegas Javier Escobal y Javier Herrera sobre la “necesidad de mantener la autonomía técnica del trabajo que realiza el INEI” (El Comercio, 8/9/2024).

En líneas generales, el gobierno de Dina Boluarte es el segundo de mayor duración entre los seis que se instalaron desde el 2016: 644 días, solo 318 detrás de Martín Vizcarra (962). Ello constituye, por lo tanto, una indudable estabilidad. El costo, sin embargo, parece ser muy alto.