Ayer el directorio de Petro-Perú presentó su renuncia. La noticia no es una sorpresa. La verdadera sorpresa es que se demoraran tanto, pues, como se recuerda, el 27 de agosto su presidente, Oliver Stark, había dado un ultimátum: o el Gobierno tomaba una decisión sobre el futuro de la compañía o él y los directores dimitían, a más tardar, el 31 de agosto. Diez días más pasaron de aquel plazo y, pese a que se ventilaron diferentes rumores, el desenlace terminó siendo el mismo. En este momento, la situación de la petrolera no solo es insostenible, sino también incierta.
Lo ocurrido con Petro-Perú es lamentable por muchas razones. En primer lugar, porque la propuesta que había presentado el equipo de Stark a la presidenta Dina Boluarte (no en las últimas semanas, vale recordarlo, sino el 13 de mayo) era bastante sensata, no solo para la empresa en sí, sino también para los contribuyentes, que en los últimos años han sido los responsables de mantener a flote un barco que hace agua. Como sabemos, ellos habían puesto sobre la mesa un plan que implicaba un paquete de ayudas económicas de parte del Ejecutivo que viniera atado con los cambios normativos necesarios para insertar una gestión privada en Petro-Perú.
Esto era necesario para darle a la ciudadanía el mensaje de que no se trataba de otro salvavidas económico más, sino de un compromiso de cambiar la manera como ha venido operando la compañía. Como bien dijo en mayo el directorio que ha renunciado, era “un acto de inmoralidad” solicitarle más dinero al Tesoro Público sin reformar la compañía; no olvidemos que esta ha recibido, desde el 2013, ayudas financieras del Estado por más de S/20.000 millones, un presupuesto que pudo haberse usado para reducir innumerables brechas de acceso a servicios públicos.
Pero lo ocurrido con Petro-Perú también es preocupante porque retrata a un Gobierno que prefiere ponerse de costado antes que asumir la responsabilidad que la situación le demanda. Resulta francamente desconcertante, por ejemplo, oír a la presidenta Dina Boluarte decir que están buscando directores “que amen al país”, como si los que acaban de renunciar no lo hicieran solo porque han planteado medidas impopulares, pero necesarias.
Aunque no lo parezca, en realidad, el Gobierno ha tomado una decisión sobre Petro-Perú. Y lo que esta anticipa para lo que resta de acá al 2026 pinta bastante mal.
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