:quality(75)/arc-anglerfish-arc2-prod-elcomercio.s3.amazonaws.com/public/JGQXJQNDMNHRPMHGGXHMAQ7CW4.jpg)
La gran pregunta de estos días es por qué la corrupción y la criminalidad han podido instalarse tan fácilmente en un gobierno regional como Áncash y en otros como los de Tumbes y Cajamarca.
La otra gran pregunta es por qué otras realidades violentas como la delincuencia común y el narcotráfico están rodeadas de tanta impunidad y provocan tanta impotencia entre quienes sufrimos sus consecuencias.
Una respuesta a la primera pregunta es que los gobiernos centrales de los últimos 12 años, de Alejandro Toledo a Ollanta Humala, pasando por Alan García, convirtieron a las administraciones regionales en las piezas sueltas de un sistema de descentralización que no llevaba a ninguna parte.
Es más: dotadas de presupuestos millonarios, esas piezas sueltas pasaron a formar parte de botines incontrolables y corruptos. Lo que tenemos a la vista es el comienzo dramático de un estallido en serie de un proceso de regionalización mal hecho.
La alternativa que busca el gobierno en un Consejo de Estado más parece un manejo de crisis que una solución viable.
Una respuesta a la segunda pregunta es que estamos realmente paralizados. De un lado, con el consuelo de que la delincuencia común no se reduce, sino que lo que se reduce es el aumento de la misma. Y de otro lado con la patética ironía de que de nada nos sirve bombardear decenas de pistas de aterrizaje habilitados por el narcotráfico en la selva si a las pocas horas de las explosiones los vuelos mafiosos vuelven a reactivarse sobre las mismas pistas supuestamente destruidas por la policía.
El problema es que aquí tampoco no hay luz posible al otro lado del túnel.
Lo que tenemos, en el fondo, es que muchas piezas claves de la gobernabilidad y que hacen que las instituciones sirvan y el Estado funcione se hallan dañadas y desarticuladas.
¿Dónde está, por ejemplo, el proyecto de ley dirigido a establecer la línea de autoridad básica del Gobierno Central sobre los gobiernos regionales, a propósito del desbarajuste revelado?
¿Dónde está la voluntad política presidencial capaz de movilizar iniciativas, autoridades y resultados claros y contundentes contra la delincuencia común y el narcotráfico, en los que podamos confiar?
¿Dónde está el consenso del Congreso dispuesto a reestructurar el sistema de evaluación y nombramiento de jueces y fiscales, en el que el Consejo Nacional de la Magistratura ha demostrado absoluta incompetencia?
¡No solo del Tribunal Constitucional vamos a vivir como garantía de justicia!
¿Cómo creer en la prerrogativa fiscalizadora de un Congreso que le niega entrada a la contraloría en la verificación y control de sus cuentas?
No olvidemos que las piezas sueltas en todos los poderes son las piezas sueltas del Estado, del Estado que precisamente no funciona, excepto en el núcleo de su administración económica y financiera.
