Bailando sobre una cuerda, por Alfredo Torres

Volvió a caer. La aprobación a la gestión del presidente Pedro Pablo Kuczynski volvió a caer por debajo de 20% este mes. Como se recordará, su aprobación se desplomó de 27% a 18% a principios de diciembre, cuando se conoció que una empresa del presidente había prestado servicios al grupo Odebrecht cuando este era ministro de Alejandro Toledo. Luego de sobrevivir al intento de vacancia presidencial, su aprobación subió a 25% a fines de diciembre y registró 23% en enero, en vísperas de la visita del Papa, para luego bajar a 19% este mes. La caída es seria porque se produce en un contexto en que varios partidos políticos están planteando nuevamente que Kuczynski renuncie o sea vacado por el Congreso.

Un presidente impopular solo se sostiene en el poder por la voluntad de la mayoría parlamentaria. Cuando Toledo fue presidente, su aprobación cayó por debajo de 20% al año de haber iniciado su mandato y se mantuvo así casi todo su gobierno, incluso cayó por debajo del 10% en más de una ocasión. Sin embargo, los congresistas de entonces no plantearon la vacancia presidencial y prefirieron sostener el régimen hasta concluido el período por el que había sido elegido. García y Humala también cayeron en algún momento por debajo de 20% de aprobación, pero esto ocurrió cuando ya faltaba poco para concluir su período de gobierno.

Cuando un presidente es impopular y hay indicios de corrupción, la opinión pública suele respaldar las propuestas de renuncia o vacancia. Actualmente, el 54% de la ciudadanía está de acuerdo con que PPK debe renunciar o ser vacado. Pero las consecuencias no son siempre las mismas. En noviembre del 2000, luego de conocerse los ‘vladivideos’, un 52% de la población pedía la salida de Alberto Fujimori del poder y su gobierno cayó semanas después. En enero del 2005, el 58% estaba a favor de la vacancia o renuncia de Toledo, pero este concluyó su mandato. Cuando el entonces candidato Humala propuso la vacancia de García en abril del 2010, solo un 24% de la ciudadanía lo apoyó.

Una característica de la crisis política actual es que no solo el presidente de la República ha perdido apoyo popular. El presidente del Parlamento, Luis Galarreta, también registra 19% de aprobación y el Congreso de la República en conjunto 21%. A su vez, todos los políticos con mayor intención de voto futura también están mayoritariamente desaprobados y han sufrido este mes una merma en su popularidad. Kenji Fujimori cae de 38% a 32%, Keiko Fujimori pasa de 30% a 29%, Julio Guzmán de 28% a 24% y Verónika Mendoza de 25% a 20%. Sorprendentemente, la única autoridad política que ha subido ligeramente su aprobación es Mercedes Aráoz, que pasa de 25% a 28% y le saca nueve puntos de distancia al presidente.

Según ha declarado Héctor Becerril, vocero alterno de Fuerza Popular, su partido va a firmar la moción de vacancia presidencial junto con los partidos de izquierda. La votación sería en marzo, luego de las declaraciones de Jorge Barata y el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. No es seguro cuál será el pronunciamiento de la corte. El secretario general de la OEA, Luis Almagro, ha declarado que Kuczynski le contó el 2 de noviembre de su iniciativa de otorgar el indulto “mucho antes de que entrara algún pedido de vacancia”. Con ello, Almagro desbarata la tesis de que el indulto de Navidad fue un canje para salvarse de la vacancia. Si la corte sigue ese razonamiento, podría ratificar la decisión de PPK. Sin embargo, dada su composición ideológica, es más probable que se pronuncie en contra del indulto. ¿Cuál sería la posición de Keiko Fujimori en ese escenario? ¿Apoyar a PPK en defensa del indulto o proseguir con la vacancia con el riesgo de que su padre vuelva a prisión? Cualquier decisión que tome tendrá consecuencias sobre su futuro político y el respaldo del pueblo fujimorista.

Mientras los políticos esperan el fallo de la Corte IDH y las declaraciones de Barata para jugar sus cartas y PPK baila sobre una cuerda, cual veterano equilibrista, la ciudadanía reclama soluciones a los problemas que la aquejan. Algunas de estas soluciones están cargadas de emoción, como el pedido de pena de muerte para los violadores asesinos. Otras más bien expresan sentido común, como las orientadas a reactivar la economía. Por ejemplo, el 56% de la población informada cree que debe permitirse que las empresas de construcción involucradas en denuncias por corrupción sigan trabajando con el Estado para no perjudicar a sus trabajadores. La oposición se equivoca al poner obstáculos para que esto ocurra. Por más desprestigiado que esté el presidente, los congresistas deben saber que un 75% de la opinión pública espera que tengan una actitud conciliadora y dialogante. Solo el 19% apoya una actitud de confrontación hacia el Ejecutivo.

El autor es presidente ejecutivo de Ipsos Perú