El refugio de Humala, por Federico Salazar

Han aparecido audios que confirman la compra de testigos en el Caso Madre Mía, en el que el ex presidente Ollanta Humala fue acusado de ordenar ejecuciones extrajudiciales.

“No hemos hecho eso, hubo un proceso de investigación y se cerró. Ya es cosa juzgada”, ha respondido el ex mandatario.

Refugiarse en la cosa juzgada es lo peor que puede hacer. Si alguien es imputado de algo que no ha hecho bien puede decir: “Júzguenme 500 veces, soy inocente 500 veces”.

La respuesta de Humala no es: “Investíguenme lo que quieran, soy inocente”. Es más bien: “Soy inocente, es cosa juzgada”. El fallo judicial absolutorio no contó con el aporte de los audios sobre compra de testigos.

El juez supremo César San Martín ha dicho que el proceso no fue fraudulento. Solo si se demuestra que lo fue podría reabrirse el caso. Anticipa, entonces, que no será posible hacerlo.

Los audios no fueron presentados en el proceso. Eso es responsabilidad del fiscal Marco Guzmán Baca. Esperemos que sea procesado y sancionado, si se encuentra responsabilidad o negligencia.

En relación a la sala suprema que resolvió, es triste saber que inclinó la balanza a favor del acusado. El argumento fundamental de la sentencia, ha confirmado San Martín, es que los 78 testigos se retractaban y contradecían.

En otras palabras, esa sala interpretó las contradicciones y retractaciones como resultado de la falsedad de los mismos. Las contradicciones y retractaciones, sin embargo, pueden deberse a una maniobra para obstruir la justicia.

La sala suprema en cuestión resolvió no haber nulidad de la cosa juzgada. Cualquier gángster de segundo nivel pudo salir libre en esa sala. Hubiera bastado con que compre testigos, que los haga retractarse, y que después los deje regresar a la primera o segunda versión.

Nadie, sin embargo, podría sostener que se cometió fraude judicial. No es lo mismo fraude judicial que defraudar a la justicia.

Defraudar la justicia no es tanto problema para los jueces. Para ellos defraudar las reglas procesales es un pecado mayor.

Este caso debe enseñarnos a protegernos de todo tipo de mafias. Comprar testigos es una vieja práctica del crimen y el juzgador debe tomar en cuenta este escenario.

Jorge Ávila Rivera acusó al ex mandatario de ordenar la muerte de su hermana Natividad y su cuñado, Benigno Sulca, en 1992. Luego se retractó, según lo que sabe la fiscalía hoy, por “miedo” y por el pago de 4.500 dólares.

Es difícil creer que alguien a cuya hermana asesinaron se venda por 4.500 dólares para decir que no lo hicieron. Difícil, pero no imposible. De hecho, a las finales hubo pedidos para los estudios superiores de los hijos de Ávila, o sea los sobrinos de los asesinados.

El adlátere de Ollanta Humala, Amílcar Amasifuén, compró este y otros testimonios. Las retractaciones parecen deberse no solo a la compra de testimonios, sino también al incumplimiento de pagos acordados o sobrevenidos.

Han aparecido, además, nuevos testigos, que callaron durante 20 años. Uno se puede imaginar los motivos. La fiscalía ha hecho bien en reabrir el caso, al margen del refugio en que se ha convertido la cosa juzgada.

Ollanta Humala no ha sido procesado por compra de testigos. Tampoco lo ha sido por otros casos de desaparición forzosa en los que estaría involucrado, de acuerdo con nuevas versiones.

Tenemos que saber toda la verdad sobre Ollanta Humala. Para hacer justicia a los muertos, pero también para aprender de nuestra forma de tomar decisiones y cambiarla.

De la compra de testigos siempre se supo. Incluso en el año 2011. Quienes votaron por Humala a pesar de los cuestionamientos tienen una seria llamada de atención que hacerse a sí mismos. No querer ver asesinatos solo porque queremos ver determinado resultado electoral no es la receta que nos llevará a un país mejor.

Ya es hora de someter nuestras pasiones a nuestros principios; nuestras preferencias electorales, a nuestros valores morales.

Conozcamos la verdad, a pesar incluso de la cosa juzgada.