En estas elecciones proliferan candidaturas a la derecha del espectro político. Sus programas económicos, sin embargo, han girado a la izquierda.
Ninguno de los candidatos plantea una reforma del Estado que conduzca a la reducción del gasto público. Fuerza Popular, por ejemplo, quiere “reactivar” la economía utilizando el Fondo de Estabilización Fiscal.
Alberto Fujimori utilizó el Fondo Nacional de Vivienda (Fonavi) para hacer obras de alcantarillado, agua y desagüe. Fue una malversación de fondos legalizada. Ocasionó, además, un daño tremendo a los fonavistas, del que hasta ahora no salimos.
La propuesta de Keiko Fujimori es muy parecida. Quiere cambiar la Ley de Responsabilidad Fiscal para usar fondos que tienen otra finalidad, muy distinta. Quiere privilegiar el aumento del gasto frente a la previsión y la responsabilidad fiscal.
Peruanos por el Kambio (PPK), de Pedro Pablo Kuczynski, va más lejos. Quiere aumentar el déficit fiscal con tal de bajar el Impuesto General a las Ventas. La reducción sería de 18% a 15%. Según ellos, eso permitiría la incorporación de productores informales al sistema oficial.
La propuesta se basa en un buen deseo. Nada garantiza que con una rebaja de un punto porcentual del IGV al año se logre una formalización de la economía. Lo que es seguro y objetivo es que los ingresos tributarios bajarían.
A los de PPK el déficit fiscal no les preocupa. Creen que se puede llevar hasta 3%. Creen que un plan de obras de 70 mil millones de dólares podría generar más de un millón y medio de empleos.
Este planteamiento es poco serio. Está basado en la idea de que el consumo puede reactivar la economía. No advierte el tremendo riesgo inflacionario relacionado con el déficit y la reducción de los ingresos tributarios.
Alianza para el Progreso, de César Acuña, tiene uno de los programas económicos menos contradictorios. Lamentablemente, sabemos que fue encargado a una consultora. Ni el partido ni su líder deben tener mucha noción de lo que propone.
El plan contratado por APP plantea financiar al gobierno a través de mayor endeudamiento público. Quiere llevarlo inicialmente del 22% del PBI actual a un 24%. Luego habla de niveles de 26% y, eventualmente, 30%.
A pesar de que habla de una “férrea disciplina fiscal”, quiere “mantener una política fiscal con tono moderadamente contracíclico hasta el 2017”. Esto quiere decir que serán “férreos” pero le echarán un poquito de agua al caldo, o sea, inyectarán dinero a través del gasto público.
No hay en el plan contratado ninguna mención a cómo se logrará reducir la inflación. Señalamientos como “inducción de la competencia” o “elevación de la producción” solo revelan que no se ha pensado el tema.
La Alianza Popular, de Alan García y Lourdes Flores, plantea también un “impulso fiscal” para el 2016 y luego una rebaja gradual hasta llegar al equilibrio fiscal hacia el 2021. Para ello su primera propuesta es “recuperación de la confianza”.
Se trata, también, de un buen deseo que los lleva a un incremento de la inversión privada de hasta 22% del PBI. Quizá esta crezca, pero no será por los buenos deseos, sino por medidas concretas, que no figuran en el plan.
Alianza Popular quiere dar prioridad a la inversión pública en el presupuesto y ampliar la base tributaria. Entre otras obras, le importan las de los Juegos Panamericanos 2019, lo que recuerda las obras del Estadio Nacional.
En estos grupos políticos no hay un planteamiento serio de ordenamiento de las cuentas fiscales. No queda señalado un camino para controlar la inflación, el déficit y la deuda pública.
Todos coinciden en echar mano a recursos fiscales para alentar el consumo. Son distintos preparados de una receta que ya fracasó en el Perú. Lamentablemente.