Tramitología “made in Perú”

En una de las columnas del desaparecido Roberto Abusada que más recuerdo, publicada en este Diario antes de la pandemia, el expresidente del Instituto Peruano de Economía señalaba que no había manera de retomar el crecimiento a tasas por encima del 4% o 5% si antes el Perú no eliminaba el 80% o 90% de normas que afectaban a todo el aparato productivo.

El siempre lúcido Roberto apostaba por una suerte de “reseteo” del funcionamiento del Estado, a la luz de un crecimiento desproporcionado y exponencial de la normativa regulatoria y sobrerregulatoria producida desde el 2001 en adelante.

El postulado de Abusada sigue y seguirá vigente, más ahora cuando, por ejemplo, Cómex-Perú informa que 49 de 55 proyectos mineros salieron de la cartera de exploración, entre febrero del 2022 y febrero del 2024, como consecuencia de las trabas impuestas por la tramitología estatal.

De esos 49, 43 se frustraron por los cambios en la regulación de los instrumentos de gestión ambiental (IGA) que se produjeron entre los años 2022 y 2023. Esas 43 iniciativas suponían una inversión de US$195 millones. Y seis, que representaban US$112 millones, no llegaron a ver la luz por los requisitos vigentes.

Para colmo de males, todo esto se produce en medio de un ciclo alcista de precios de metales claves para el Perú, como es el caso del cobre.

Según informa “Gestión”, con base en información del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú, hay en curso 23 proyectos de construcción de minas por un valor de US$30 mil millones sin ejecutar por un sinnúmero de trámites. Estamos hablando de 407 regulaciones que deben cumplir las empresas mineras ante 29 entidades del Estado para ver la vida.

Como comenté la semana pasada, a raíz del problema del aeropuerto Jorge Chávez, Córpac, LAP y la segunda pista aún no certificada, pareciera que Kafka se hubiera inspirado en el Estado Peruano y su normativa para producir su obra literaria.

Es absolutamente inviable crecer a la velocidad que requiere el país con este nivel de disfuncionalidad que supone la sobrerregulación y exceso de tramitología que el Estado impone a varios sectores económicos. Cuanto más titánica sea la tarea impuesta al inversionista privado, habrá menos empleo y los niveles de pobreza tardarán muchos más años en ser revertidos.

Roberto Abusada hablaba de rehacer el Estado. La palabra ‘reforma’ se queda chica.