Un tren con mucho humo, por Mauricio Mulder

Un pequeño cálculo nos ayudará a entender las dimensiones de lo que estamos hablando. El tren eléctrico de Villa El Salvador a Bayóvar en San Juan de Lurigancho tiene 31 km de ruta y costó poco más de 2 mil millones de dólares, aproximadamente 64 millones por kilometro. El tren Ate-Callao llamado línea 2, promovido por el actual gobierno, tiene 35 km de extensión y costará 5.600 millones de dólares. Es decir, unos 160 millones por kilómetro. O sea, 100 millones de dólares más que la línea 1 por cada kilómetro lineal.

La plata, sin duda, sobra. Esto porque han decidido hacer el modelo más caro que se pueda, subterráneo de cabo a rabo, pese a que diversos estudios determinaron que solo diez kilómetros subterráneos eran suficientes tratándose del Centro Histórico de Lima. El Colegio de Ingenieros ya ha manifestado que la obra podría costar la mitad si se diseñan partes elevadas y en superficie en las zonas de menor afluencia de gente y donde no se afecten bienes monumentales.

Solo ese hecho, que supone dispendio y derroche, cosa que siempre en el Perú ha significado escándalo, ha sido suficiente para abrir una investigación en el Congreso de la República. En su oportunidad el ministro de Transportes y Comunicaciones no supo explicar convincentemente las razones de las dimensiones faraónicas del proyecto ni pudo establecer un cálculo probable de contingencias no previstas. Esto porque cavar túneles entre 17 y 25 metros de profundidad en Lima significará encontrar lo que nadie se imagina. La decisión de hacer el tren tal como está diseñado es por ende estrictamente política.

Un postor único para una obra de semejante envergadura, con diseños técnicos hechos por ingenieros puestos por los postores, pero sin contraparte peruana (como lo ha denunciado el Colegio de Ingenieros) solo ocurre cuando las bases son “conversadas” para acomodarlas a sus requerimientos. No está probada la concertación, pero cuando tiene plumas, nada y hace “cuac”, de todas maneras es un pato. Todos los casos en los que se denunciaron irregularidades han tenido configuraciones similares que, como dicen los periodistas, despiertan “suspicacias”.

Agréguele a eso la reciente denuncia sobre cambios de terrenos de patio de llegada en el Callao que va a llevar a pagar justiprecios por expropiación con guarismos que ni Pro Inversión ni el Ministerio de Transportes y Comunicaciones tienen la menor idea de cuales serán. Y todo bajo el objetivo confesadamente explícito de inaugurar los primeros 5 km en mayo del 2016, en plenas elecciones. Ese cambio en el contrato correrá por cuenta del próximo Gobierno que podría pagar precios exorbitantes en la zona aledaña del aeropuerto, cuyos precios comerciales están en constante alza. Una de las razones de hacer todo subterráneo es, curiosamente, evitar las necesarias expropiaciones de terrenos en zona de obra.

Súmele, finalmente, que una de las empresas españolas del consorcio ganador arrojó pérdidas que debe refinanciar del orden de casi 6 mil millones de dólares y estaría prácticamente quebrada, amén de haber participado con sus consorciados como postores únicos. Pura turbiedad y falso apuro, apuro que no se tiene para inaugurar el hospital para niños de San Borja desde hace casi tres años.