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El congresista Waldemar Cerrón, de Perú Libre, ha propuesto crear una comisión del Congreso para fiscalizar a jueces y fiscales. Hay que agradecerle la transparencia. Es clarísima la intención de obtener un poder que no tiene ni debe tener la representación política.
El congresista Cerrón, así como su hermano Vladimir, líder de Perú Libre, son investigados por el Caso Los Dinámicos del Centro. De considerarse y aprobarse el proyecto de Waldemar, un fiscal o un juez del caso podría ser “fiscalizado” por el Congreso.
Si un fiscal o un juez queda en manos del Congreso, se acaba la separación de poderes. Uno de los fundamentos de la democracia es la separación de poderes. El resultado final de un proyecto tal es el fin de la democracia.
Es sencillo demostrar la inviabilidad de este proyecto. Es clara su intención de favorecer a los hermanos Cerrón. Es fácil ver cuáles son sus intenciones.
Sorprende la ingenuidad. Se pretende debatir algo a todas luces inconstitucional, antidemocrático e interesado.
Waldemar Cerrón alude a la desconfianza que la población tiene en el Poder Judicial. El salto dialéctico es este: como la población desconfía en el Poder Judicial, confía en el Poder Legislativo.
La población desconfía del Poder Judicial y del Poder Legislativo. ¿Qué truco mental le permite a Cerrón hacerse de la vista gorda con respecto del Congreso?
El asunto, por cierto, es más grave. Un Congreso que fuera popular, ¿podría avocarse a la tarea de evaluar a jueces y fiscales? ¡De ninguna manera!
El Congreso está compuesto por representantes de muy pequeños grupos de la población. Se accede a él no por una capacidad técnica específica, sino por un mandato. ¿Por qué habrían de tener los legisladores capacidad y derecho para juzgar las actuaciones jurisdiccionales?
Waldemar Cerrón ha podido ser tan flagrante en el despropósito por una razón. Fiscales y jueces, en buena medida, han sido sobrepasados por la delincuencia, el crimen y los casos de corrupción de los políticos.
La misma motivación la tiene el dictamen que habilita a la Policía Nacional para iniciar investigaciones, aun sin el concurso del Ministerio Público. El Ejecutivo ha respaldado esta iniciativa. Uno de sus defensores es el congresista Waldemar Cerrón.
La crisis de la seguridad y la justicia facilita la erosión de los principios constitucionales. Sobre todo, por quienes tienen algo personal que ganar en ello. Se requiere una reforma del sistema de justicia, no su quebrantamiento.
*El Comercio abre sus páginas al intercambio de ideas y reflexiones. En este marco plural, el Diario no necesariamente coincide con las opiniones de los articulistas que las firman, aunque siempre las respeta.
Federico Salazar es Periodista
