Quizás las mejores palabras para explicar el sentimiento de los peruanos frente a sus políticos son frustración e indiferencia. Salvo unos cuantos incautos (y un pequeño grupo de mercas), los peruanos esperamos poco o nada de la gestión de Dina Boluarte.
No es que la mandataria y sus socios tengan carta libre o que no haya que fiscalizarlos hasta el fin de su mandato. Pero lo cierto es que, a estas alturas, habría que ser bobo para esperar que el Gobierno tenga una oferta distinta a la mostrada.
En ese contexto, ‘refrescar’ el Gabinete con el cambio de tres ministros es una anécdota. Dudo que tenga alguna implicancia real, salvo la de mantener el statu quo, es decir, la de sostener un gobierno sin rumbo, que solo trata de llegar al 2026, entregado al Congreso, facilitador y promotor de normas pro impunidad y antiinstitucionalidad. No en vano es el Ejecutivo con menos aprobación de nuestra historia. Tanto la antes vicepresidenta de Pedro Castillo como su primer ministro Gustavo Adrianzén parecen vivir en una realidad paralela. La semana pasada, la mandataria siguió echándole la culpa de todos sus problemas a la fiscalía y al ex primer ministro Alberto Otárola. A este último, lo llamó “cobarde” en alusión a las referencias a una operación a la nariz que mencionó ante el Congreso.
La mandataria parece haber olvidado que ambos deben responder ante la justicia por los fallecidos en las protestas del inicio de su gestión. Esa relación (en su momento un binomio en el poder) está rota, pero a ninguno le conviene andar peleado. Con tanta atención al asunto y al personaje, Boluarte parece temer por el futuro y lo que pueda seguir contando Otárola en el Congreso, sets de televisión (o streaming) y ante la fiscalía.
Por su lado, el actual primer ministro, Gustavo Adrianzén, esbozó en RPP las justificaciones a los cambios ministeriales. En el caso del nuevo ministro de Economía, José Salardi, dijo que tiene el mejor perfil para “atraer inversiones”. Ojalá así sea, pues sin inversiones no hay futuro. Pero es ingenuo pensar que en un año preelectoral, con 42 partidos ya inscritos y con altos grados de incertidumbre en el empresariado, este es justo el momento en que van a llegar. Claro que hay que buscarlas, pero si no se atacan los problemas de la ciudadanía y las empresas, como la seguridad, es difícil que existan los ánimos para que vengan.
Si se vuelan torres en Pataz (y no hay plan para la minería ilegal), meten bombas en la fiscalía en Trujillo, extorsionan y matan por encargo en casi todas las ciudades principales, ¿con qué cara vamos a decirles a los inversionistas que pongan su dinero por estas tierras? Quien debió ser cambiado es el titular del Interior, Juan José Santiváñez, pero como es instrumental a mantener el statu quo, ahí sí no hubo cambios.
Al nuevo ministro de Economía hay que pedirle que cuide la caja y el déficit. Lo peor que nos puede pasar es que en el período de mayor vulnerabilidad del Ejecutivo (en abril se convoca a elecciones y aumentan las posibilidades de una vacancia) la decisión sea repartir y repartir a los aliados para que estén tranquilos.
*El Comercio abre sus páginas al intercambio de ideas y reflexiones. En este marco plural, el Diario no necesariamente coincide con las opiniones de los articulistas que las firman, aunque siempre las respeta.
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