Embajadores de un tirano

Con el paso de las horas, la situación de Nicolás Maduro y la de quienes defienden su inexistente triunfo dentro y fuera de Venezuela se complican. En la noche del martes, el Centro Carter, una de las dos únicas misiones mínimamente creíbles –la otra es la de las Naciones Unidas– a las que se les permitió observar los comicios del último domingo, emitió un contundente pronunciamiento en el que afirma que dicha elección “no se adecuó a parámetros y estándares internacionales de integridad electoral y no puede ser considerada como democrática”.

Fiel a su estilo, la respuesta de Maduro ha consistido en atacar a la institución (“¿cuántos comunicados sacaron ustedes cuando Donald Trump denunció fraude en las elecciones donde nombraron presidente a Biden?”, preguntó en una rueda de prensa con medios extranjeros ayer) y en anunciar que presentará un recurso de amparo ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) para que certifique su fraude. Para quienes conocen un poco de Venezuela, el TSJ funciona como un apéndice del régimen, persiguiendo a sus opositores y dándole un disfraz de legalidad a los atropellos del Ejecutivo. Hace una década, por ejemplo, la ONG Un Estado de Derecho analizó más de 45.000 sentencias emitidas entre el 2004 y el 2013 por las salas Político-Administrativa, Electoral y Constitucional del TSJ y encontró que en ninguna de ellas el Estado perdió un litigio. Por lo que no hace falta ser adivino para saber cómo fallará el TSJ en esta oportunidad.

Mientras ello ocurre en el país caribeño, aquí los congresistas que viajaron a ‘certificar’ el inexistente triunfo de Maduro también han empezado a tener problemas. A ellos, que desde el domingo han aprovechado sus redes sociales y cuanto micrófono han tenido al frente para vender la farsa de que los comicios venezolanos fueron impecables, se les olvidó mencionar el pequeño detalle de quién les financió la travesía. Descartada la posibilidad de que hayan asistido con el dinero de todos los peruanos (pues el Congreso se apresuró en asegurar que eso no había ocurrido), quedaba la duda de si ellos mismos habían costeado sus pasajes o si habían tenido algún benefactor en las sombras. Y, cuando se les preguntaba directamente por ello, le daban largas al asunto.

Pues bien, este Diario ha conocido que los congresistas Kelly Portalatino, María Agüero, Elizabeth Taipe (todas de Perú Libre) y Guillermo Bermejo (Juntos por el Perú-Voces del Pueblo) acudieron a Venezuela financiados por la dictadura chavista. Eso es lo que las autoridades de ambos partidos confirmaron en conversación con este Diario y que a los viajeros se les olvidó mencionar en sus apariciones en las que defendían tan ardorosamente la inexistente victoria de Maduro.

Como ya explicamos antes, el chavismo tiene la costumbre de invitar a una serie de personajes afines a los que engañosamente les coloca el rótulo de observadores o veedores electorales para dar una apariencia de legitimidad a sus fraudes (dado que a las verdaderas misiones electorales no las dejan ingresar al país). Ese es el papel que les tocó desempeñar a estos cuatro parlamentarios, quienes además se ausentaron del Perú en momentos en los que la presidenta Dina Boluarte daba su mensaje ante el Congreso por 28 de julio. Según algunos especialistas, ellos podrían terminar siendo llevados a la Comisión de Ética por este asunto.

En el caso de la congresista Portalatino, por otro lado, el viaje le salió más caro que a sus colegas, pues faltó a una citación del Ministerio Público –en la que debía responder por sus vínculos con el prófugo de la justicia Vladimir Cerrón–, por lo que las autoridades ya han pedido que sea llevada a declarar por la fuerza.

Quizá viendo la manera como ha actuado este Congreso antes, es probable que estos cuatro legisladores no reciban sanción alguna. Pero al menos todo este episodio servirá para demostrarles a los parlamentarios que hay entre ellos cuatro embajadores de un tirano con muchos intereses para defenderlo y poca vergüenza para hacerlo.