El Protocolo de Río

El titular de este editorial no se debe al acuerdo de paz celebrado en 1942 en la antigua capital brasileña, entre el Ecuador y el Perú, después del conflicto bélico que enfrentó a los países limítrofes. 

Nos referimos más bien a la “relación protocolar” que tuvo el ex presidente Alan García –según su propia calificación– con Marcelo Odebrecht (ex CEO de Odebrecht en Brasil y sentenciado a 19 años de prisión por los actos de corrupción llevados a cabo por la empresa constructora a nivel local e internacional), y a los cuestionamientos que diversos medios de prensa han dirigido al ex mandatario acerca de su vinculación con funcionarios de empresas brasileñas envueltas en el Caso Lava Jato.

En los últimos días se hizo de conocimiento público un correo electrónico que la ex cabeza de Odebrecht en Brasil dirigió a uno de sus colaboradores y en el que se refería al ex jefe del Estado peruano con singular familiaridad. En él, por ejemplo, Marcelo Odebrecht indicaba que se reuniría con Alan García, con quien mantenía “una larga relación de confianza”, y preguntaba al destinatario de su comunicación si habría “algún mensaje u orientación por parte del presidente Lula para [su]conversación con Alan García”.

El ex mandatario ha contestado airadamente a las interrogantes que se le han planteado al respecto y, en más de una ocasión, ha exhortado a su entrevistador de turno a que dirija sus preguntas al propio Marcelo Odebrecht o a terceros, y no a él. Y en algunas ocasiones, ha manifestado que su relacionamiento con empresas como la constructora Odebrecht se debía a la etiqueta que demandaba su posición como presidente de la República, interesado, además, en traer inversión extranjera al país.

Cierto es que de una comunicación de un tercero –así este fuera Marcelo Odebrecht– no se tendría por qué derivar alguna responsabilidad del político aprista. Pero cuando se añaden otras afirmaciones de ex empresarios brasileños y algunas conductas del propio García, cabe la extrañeza y la formulación de algunas interrogantes.

Por ejemplo, uno podría cuestionar cuán protocolar es que un presidente en funciones viaje hasta 22 veces al interior del país y una a Brasil con el máximo representante local de una empresa que era una de las principales beneficiarias de contratos de construcción con el Estado. Y que dicha persona resulte ser Jorge Barata, delator y confeso gestor de más de un episodio de corrupción en agravio del Perú.

También se presta a la suspicacia que la misma empresa Odebrecht le haya ofrecido a Joao Santana –según la versión del propio ex asesor del ex presidente brasileño y líder del Partido de los Trabajadores Lula da Silva– asesorar la campaña electoral del 2016 de Alan García, pese a que este último haya negado vínculo alguno con el publicista brasileño. Pues, como se sabe, la colaboración de Odebrecht con políticos fuera del Brasil formaba parte del modus operandi de la constructora. De hecho, según han manifestado ante la Fiscalía peruana tanto Jorge Barata como Marcelo Odebrecht, la empresa brasileña destinó US$3 millones de dólares a la campaña presidencial del ex presidente Ollanta Humala en el 2011, a pedido del Partido de los Trabajadores.

Y algunas incógnitas por resolver debe tener también la fiscalía anticorrupción para haber incluido al ex líder aprista en las investigaciones que realizan sobre los sobornos que pagó Odebrecht a altos funcionarios de su segundo gobierno para adjudicarse los tramos I y II de la línea 1 del Metro de Lima.

Quedará en manos de la justicia determinar si el ex presidente tuvo algo que ver con los casos de corrupción que involucran a las constructoras brasileñas, pero en cualquier caso, no deberían ofuscarle tanto los legítimos cuestionamientos que surgen en la opinión pública. Más aun, luego de constatar que quienes más apreciaron sus cordiales protocolos fueron las personas involucradas en graves delitos de corrupción.