Presidente, no portero

El viernes de la semana pasada, el presidente del Congreso, Alejandro Soto, publicó un mensaje en sus redes sociales que ha motivado una serie de críticas, entre ellas de especialistas consultados recientemente por este Diario. Respondiendo a un tuit del congresista Édgar Tello (Bloque Magisterial) sobre rumores de un supuesto allanamiento de las oficinas de los legisladores que se encuentran comprendidos en la investigación liderada por la fiscal suprema Delia Espinoza, el titular de la Mesa Directiva expresó: “Como presidente del Congreso, garantizaré la seguridad de las instalaciones del Parlamento”. Y añadió: “No permitiré una intromisión de esta naturaleza en el primer poder del Estado”.

La publicación, como dijimos, motivó una lluvia de cuestionamientos, principalmente porque Soto no podría evitar que una diligencia así tome lugar en la sede del Legislativo y, de hacerlo, estaría incurriendo en un abanico de delitos e, incluso, en una presunta infracción constitucional. Así lo han explicado a El Comercio los exprocuradores anticorrupción Antonio Maldonado y Luis Vargas Valdivia, el exviceministro de Justicia Gilmar Andía y el abogado Roberto Noriega, en una nota publicada ayer.

Para Andía, por ejemplo, si Soto cumpliera su admonición, estaría cometiendo el delito de desobediencia a la autoridad en calidad de instigador o incluso el de usurpación de funciones. Para Maldonado, por su parte, los delitos por los que podría acusarse a Soto serían los de obstrucción a la justicia, encubrimiento personal y encubrimiento real. Vargas Valdivia, a su turno, concuerda con esta postura, pero agrega que se configuraría también un escenario de infracción constitucional, específicamente del artículo 139 de la Carta Magna, “que prescribe que ninguna autoridad puede avocarse a causas pendientes ante el órgano jurisdiccional ni interferir en el ejercicio de sus funciones”.

Además del escenario penal que podría enfrentar el titular del Parlamento si cumple su amenaza, es conveniente recordar que él mismo se halla comprendido en la investigación de la fiscal Delia Espinoza, por lo que, más allá del rol de guardián de la institución que quiere proyectar, estaríamos en realidad frente a otro caso de un político defendiendo con uñas y dientes su futuro legal. Concretamente, a Soto la fiscal Espinoza le imputa dos delitos: cohecho pasivo propio y cohecho activo específico, ambos en el marco de las revelaciones que hiciera semanas atrás el exasesor de la suspendida fiscal Patricia Benavides, Jaime Villanueva, quien contó que Soto habría ofrecido poner en agenda en el pleno el debate de la sanción a los miembros de la Junta Nacional de Justicia a cambio de que a él se le limpiara de polvo y paja en el caso que tiene abierto en la fiscalía conocido como ‘fábrica de troles’.

La amenaza de Soto, dicho sea de paso, no es la única que hemos conocido estos días desde el Palacio Legislativo. La semana pasada se supo también que cinco congresistas investigados por el caso de Patricia Benavides han presentado una denuncia constitucional contra la magistrada Espinoza –que los investiga– a fin de inhabilitarla de la función pública por diez años. Entre ellos se encuentra el congresista Ilich López (no agrupado), cuyo despacho congresal ya fue allanado en octubre del 2022, por el caso conocido como Los Niños de Acción Popular. Dicho sea de paso, aquella vez ninguna autoridad del Congreso puso trabas al trabajo de la policía y los fiscales, como ahora Soto advierte con hacer.

Es importante recordarle que él es el presidente del Parlamento, no el portero de la institución. Y que justamente la separación entre poderes del Estado que a él tanto parece preocuparle no se protege amedrentando a otras instituciones, sino justamente respetando el trabajo que estas hacen. Y que si realmente le importa resguardar al Congreso, pues su gestión bien podría hacer todo lo posible para acelerar la votación de las sanciones a sus miembros que se hallan cuestionados (como los ‘mochasueldos’) y que son los que explican en parte que, según la última encuesta de Datum Internacional para este Diario, cuatro de cada diez peruanos consideren a esta la peor representación nacional de los últimos 15 años.