Editorial: Interpretaciones bolivarianas

El último martes, el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) de Bolivia allanó el camino para que el presidente de ese país, Evo Morales, pueda postular a un cuarto mandato en el 2019. Con su fallo, el TCP sumó una raya más a una serie de iniciativas puestas en marcha en los últimos años para extender la estadía de Morales en el poder, inclusive a costa de la expresa voluntad popular y de la propia Constitución boliviana.

Como se sabe, la Carta Magna boliviana –promulgada en el 2009 por el propio Morales– contempla la posibilidad de una única reelección continua. A pesar de ello, el presidente boliviano pudo postular a un tercer mandato consecutivo en el 2014 gracias a una suerte de ‘interpretación auténtica’ (similar a la utilizada por el fujimorismo para permitir la re-reelección de Alberto Fujimori en el año 2000) en la que se arguyó que el primer período presidencial de Morales no debía contabilizarse por haberse iniciado antes de que entrara en vigencia el nuevo texto constitucional. Y ya asentado en su tercer mandato, en febrero del año pasado, Morales convocó a un referéndum para procurarse una nueva reelección en el 2019. Sin embargo, pese a las expectativas del oficialismo, el No se impuso en las urnas con un 51,3% de los votos. Una derrota que Morales atribuyó a una presunta campaña de “mentiras” de la prensa y las fuerzas opositoras.

Cerradas, entonces, las puertas de la consulta popular y de la Constitución, el oficialista Movimiento al Socialismo (MAS) empezó a tejer un puñado de artimañas para evitar el relevo de su líder. Una de esas opciones, precisamente, encontró eco en el TCP hace tres días. En una explicación rocambolesca, el presidente del tribunal, Macario Lahor, informó que su institución consideró que los artículos 156, 168, 285 y 288 de la Carta Magna boliviana (que prohíben una segunda reelección continua de los cargos de presidente, vicepresidente, asambleístas y gobernantes autónomos) no podían estar por encima del artículo 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos –que reconoce el derecho a la participación política–, por ser esta última “una norma más favorable con relación a los derechos políticos”. Es decir, apeló a una interpretación antojadiza de una norma supranacional para romper los candados fijados por la ley boliviana.

La resolución del TCP, por otra parte, quiebra los contornos que restringían una cantidad máxima de mandatos y abre una peligrosa puerta a la posibilidad de una reelección sin límites en el país altiplánico. “Entiendo perfectamente las grandes aspiraciones del pueblo boliviano. El pueblo boliviano es tan sabio, no se equivocó […] hemos cumplido con el mandato del pueblo apelando al tribunal”, saludó el propio Morales un día después de conocerse el fallo, con lo que ratifica que, para él, las ‘aspiraciones’ del ‘pueblo boliviano’ son ‘sabios’ imperativos solamente cuando le favorecen.

Ciertamente, el mandatario boliviano no parece ser el único en la región dispuesto a torcer la Constitución y confeccionar mañas de todo tipo con la indulgencia de las demás instituciones para perpetuarse en el poder. El último miércoles, en un evento público, el vicepresidente de Venezuela, Tareck El Aissami, dio a conocer que en las elecciones presidenciales venezolanas del 2018 el chavismo postulará nuevamente a Nicolás Maduro. “Vamos a tener, Dios mediante, pueblo mediante, la reelección de nuestro hermano Nicolás Maduro como presidente de la República”, afirmó el funcionario.

En Venezuela, como se sabe, la dictadura viene hostigando sistemáticamente a la prensa, persiguiendo a los opositores políticos y copando la ristra de instituciones del Estado a través de todos los mecanismos posibles. Ello, inclusive, disolviendo aquellos que no pudo obtener por la vía electoral (como la extinta Asamblea Nacional Legislativa) o expulsando a los funcionarios incómodos (como ocurrió con la defenestrada fiscal general Luisa Ortega). Con una maquinaria omnipresente, resulta francamente inverosímil, por decir lo menos, pensar que los comicios del 2018 puedan no ser favorables a Maduro, más aun si consideramos que en los últimos meses el país caribeño celebró dos votaciones cuyos resultados fueron empañados por serias y contundentes denuncias de fraude.

Tanto el caso boliviano como el venezolano traslucen, pues, una peligrosa pulsión reeleccionista incompatible con la vida democrática. Porque, como hemos señalado anteriormente, la democracia no consiste exclusivamente en celebrar elecciones, sino que incluye además una serie de medidas más amplias como el respeto a la Constitución, a las instituciones e, inclusive, a una factible alternancia en el poder.

Así, queda claro que estas ‘interpretaciones’ de las reglas democráticas emprendidas por los autodenominados ‘gobiernos bolivarianos’ no son otra cosa que un paso más en consolidación de su autoritarismo. Y eso algo que toda la región debería lamentar.