Editorial: Error de fábrica

A raíz de los múltiples escándalos de corrupción o delitos de otra naturaleza en los que se han visto envueltas autoridades electas de todo nivel, vale recordar las advertencias que ha lanzado el presidente Martín Vizcarra al llamar la atención a los ciudadanos sobre el grado de responsabilidad que les toca en la gestación de tan lastimosa situación. Los ha exhortado, en concreto, a “elegir adecuadamente a la persona en la que realmente confían” y luego a “vigilarla para que gaste bien los recursos de todos los peruanos”.

Y sin duda, en parte, tiene razón. La ligereza con la que muchas veces los electores definen hacia quién irá orientado su voto en tales o cuales comicios explica en alguna medida que más tarde se sorprendan al conocer su catadura moral o sus antecedentes. Pero, en honor a la verdad, el aspecto más grueso del problema se origina en otro punto del proceso. A saber, en el momento en que las organizaciones políticas que los postulan no se preocuparon de que sus filtros funcionaran apropiadamente.

Como decía nuestro colaborador Federico Salazar en su columna del último domingo, “el problema no es cómo las Yesenias Ponce llegan al Parlamento, sino cómo estas llegan a las listas”.

Al presentarlos bajo sus banderas, los partidos o alianzas están extendiéndoles a sus candidatos a cualquier responsabilidad de gobierno un aval. Es como si dijeran a los electores: ‘a nosotros, esta nos parece una persona con las virtudes que el cargo requiere y, si estás de acuerdo con nuestras ideas, puedes votar por ella’. Y cuando ya los individuos en cuestión están sentados en la curul o en el sillón municipal al que aspiraban y se destapan los miasmas que arrastraban de antes, las organizaciones ensayan apenas una tibia autocrítica sobre las alarmas que no sonaron cuando decidieron lanzarlos (en ocasiones, no sin antes haber intentado ‘blindarlos’).

Esa, por increíble que parezca, es la explicación al hecho de que hoy tengamos en el Congreso a tres legisladores –Guillermo Martorell de Fuerza Popular (FP), Zacarías Lapa del Frente Amplio y Benicio Ríos de Alianza para el Progreso (APP)– y a otros tantos gobernadores regionales –Waldo Ríos y Enrique Vargas Barrenechea del movimiento regional Puro Áncash, así como Jaime Rodríguez del movimiento Kausachun, en Moquegua– sobre los que pesan condenas judiciales por delitos que van desde la colusión hasta la negociación incompatible. Y también a una morralla de alcaldes provinciales y distritales en todo el país detenidos, aunque sin condena: una especie en la que, por lo menos en la capital, predominan los que postularon al cargo por Solidaridad Nacional.

En lo que concierne a las elecciones que tendrán lugar el próximo 7 de octubre, por otra parte, hay al menos 53 candidatos a alcaldías distritales en Lima y 38 a gobernadores en todo el territorio nacional con sentencias firmes.

La relación de sentencias en todo el país es de no creer. APP, por ejemplo, tiene candidatos que registran sentencias por peculado. Somos Perú, a su turno, ha acogido bajo su bandera a personas sentenciadas por violencia familiar, lesiones y abuso de autoridad. Mientras que FP y el Partido Popular Cristiano (PPC) han hecho lo propio con condenados por delitos contra la fe pública. Y lo mismo podría decirse de otros partidos políticos y movimientos en las regiones del país. En el colmo del pasmo, el diario “La República” ha alertado que 23 candidatos a diferentes puestos de elección popular –incluidos regidores y tenientes alcaldes– tienen sentencia previa por homicidio. Y estos son transversales a las tiendas políticas, pues se hallan en APP, Fuerza Popular, Acción Popular, Podemos, PPC, entre otros.

¿Cómo así las alarmas no sonaron a tiempo en instituciones políticas tan experimentadas como esas? Acaso el cruce de datos sobre esos candidatos y los aportes que hicieron a las campañas de los partidos que los respaldan arroje alguna luz en torno a ese enigma.

Con prescindencia de ello, sin embargo, resulta evidente que, si no toca este error de fábrica en la selección de aspirantes, la reforma política que trata de impulsar en estos días el presidente Vizcarra estará condenada al fracaso: una buena oportunidad para que los partidos con asiento en el Parlamento presenten sus propios proyectos complementarios al respecto y demuestren así que son los principales interesados en hacer a este respecto algo más que autocríticas tardías.