Dos semanas de furia

Es cierto que el resultado de las encuestas de aprobación de una organización colectiva y diversa como el Congreso de la República no es estrictamente comparable con la aprobación que merecen quienes lideran instituciones más personalistas, como la presidencia o algún ministerio. Pero esa anotación no puede excusar los pésimos resultados que recibe el Legislativo a ojos de la ciudadanía, y que pareciera más bien empeñarse en mantener o empeorar con el transcurso de los años.

Según la encuesta Datum-El Comercio publicada ayer en estas páginas, el 85% de la población desaprueba la labor que viene desarrollando el Congreso. La cifra se ha mantenido aproximadamente en el mismo nivel desde mediados del 2022, apenas un año después de instalado el actual Legislativo. En el sur del país, la desaprobación supera el 90%.

Los últimos días han demostrado que la severa crítica ciudadana hacia sus representantes parlamentarios no es injustificada. Con apenas dos semanas desde que se instaló la primera legislatura del 2024, los congresistas han avanzado una agenda que refleja intereses propios antes que los de sus representados.

Algunos legisladores, por ejemplo, buscaron inhabilitar a toda la Junta Nacional de Justicia (JNJ); al final dos de sus siete miembros fueron removidos por supuesta falta grave. A ello siguió el intento de blindar a la congresista María Cordero Jon Tay (no agrupada) por lo que a todas luces fueron apropiaciones ilegales del sueldo de al menos uno de sus trabajadores. Luego de una primera votación que la eximía del alcance de la justicia, el Congreso finalmente determinó el levantamiento de su inmunidad para que pueda ser investigada por el Ministerio Público y su suspensión del cargo en lo que duran las pesquisas en su contra. La solicitud de inhabilitación por diez años, sin embargo, no procedió. Casi al mismo tiempo, sin perder la viada anterior, los legisladores derogaron un decreto legislativo que facultaba a la policía a intervenir en caso de tenencia ilegal de explosivos para minería informal. La medida es un fuerte espaldarazo a las bandas criminales vinculadas a la minería ilegal que depredan el medio ambiente, extorsionan y asesinan impunemente.

Es cierto que, en cuanto a la JNJ y a Cordero, los parlamentarios mostraron algo de mesura (al no sancionar al resto de magistrados en el primer caso y al permitir la intervención de la fiscalía en el segundo). Pero eso no quita que su actuación en poco más de 15 días vuelva a capturar titulares por los motivos equivocados. Si el Congreso quiere que la población y las demás instancias del Estado respeten la institución que representan en momentos difíciles, cuando se llega a situaciones constitucionales límite, los parlamentarios no van por buen camino. Dicho de otro modo: cualquier otro presidente de la República, con vocación autoritaria y algo de respaldo popular, no enfrentaría mayores resistencias ciudadanas si quisiera clausurar el Palacio Legislativo.

El Congreso actual tiene agendas pendientes en más de un frente. La aprobación del Senado, por ejemplo, fue un buen punto de partida en el proceso de reforma política, pero este debe seguir adelante. Una demanda ciudadana urgente en este aspecto sería una reforma constitucional que impida que los sentenciados por asesinatos u otros delitos igualmente graves puedan postular a las elecciones generales y subnacionales del 2026. Los criminales acechan, y lo que está en riesgo es demasiado.

No hay muchos antecedentes de congresos regresando al favor de la ciudadanía en las encuestas de opinión, pero de lo que sí tenemos ejemplos es de lo que puede suceder cuando se pierde todo el respeto por las instituciones democráticas más importantes de la república. Ese es un camino que no queremos volver a transitar, a pesar de la irresponsabilidad de los actuales parlamentarios.