Ver solo una parte de la foto

Ayer, la capital volvió a paralizarse nuevamente, tal y como había ocurrido hace dos semanas. Pese a los esfuerzos del Gobierno por convencer a la ciudadanía de que el paro no tendría mayores efectos, la realidad fue que varias calles permanecieron vacías, muchos negocios se mantuvieron cerrados y en diferentes puntos de la ciudad se registraron manifestaciones, algunas más masivas que otras.

En parte, como explicó este Diario, esto se debió al poco control que tienen las empresas formales –que anunciaron que no acatarían el paro– sobre sus flotas, pues muchas de sus unidades no les pertenecen, sino que se encuentran en manos de terceros que pueden perfectamente decidir no operar, a contracorriente de lo que decidan ellas. Y en parte, también, a que la de ayer no fue una manifestación solo de transportistas, sino de varios otros gremios más.

En Puente Piedra, por ejemplo, siete mercados no abrieron sus puertas como medida de protesta ante la criminalidad. “Todos estamos siendo extorsionados”, contó la representante de uno de estos centros de abastos. En núcleos comerciales como Mesa Redonda y Gamarra, por otro lado, grupos de empresarios decidieron no trabajar para mostrar su descontento con la situación actual. Mientras que la Asociación de Bodegueros del Perú afirmó que, aunque trabajarían, se solidarizaban con los otros gremios.

El Gobierno, sin embargo, trató de quitarle fuerza a la situación argumentando que las marchas estaban promovidas por grupos con agendas ocultas. Es cierto –y este Diario así lo ha informado– que existen sectores informales de transportistas que tratan de aprovechar estas jornadas para obtener beneficios propios. Pero reducir lo que viene pasando en la capital a las acciones de estos grupos es ver solo una parte de la foto. El malestar detrás de las movilizaciones está relacionado con peruanos que se sienten indefensos ante el azote de la criminalidad e insatisfechos con una administración cuya cabeza no asume el liderazgo y cuyas ‘soluciones’ no resultan convincentes.

En su incapacidad de ver esto, además, el Ejecutivo termina perjudicando a otros grupos que nada tienen que ver con las paralizaciones, pero que se ven afectadas por esta. Es inadmisible, por citar un caso, que recién el miércoles a las 8 de la noche se hayan emitido las comunicaciones oficiales para que las clases del día siguiente fueran remotas, cuando muchas horas antes múltiples universidades ya habían tomado esa disposición.

El Gobierno comete un error al subestimar el malestar que alimenta las paralizaciones de las últimas semanas. Y, si no corrige esta postura, podría terminar costándole caro.