Editorial: ¿Adónde van?

Después de la conferencia de prensa en la que la Contraloría General de la República presentó los hallazgos de su auditoría a la adenda del contrato de concesión del aeropuerto de Chinchero, las reacciones en el oficialismo han sido diversas tanto en contenido como en intensidad.

Se pueden contar el comunicado del Ministerio de Economía y Finanzas en el que explica los errores en los que habría incurrido la contraloría, los severos calificativos al informe de la entidad de control (“burla”, documento “político” y “nada técnico”) de la viceministra de Transportes, Fiorella Molinelli, y los cuestionamientos provenientes de la bancada parlamentaria ppkausa, entre otros. “[El contralor] Edgar Alarcón no gobierna. Él puede sugerir a través de sus informes algún tipo de acción en el Estado, pero al final los que gobernamos somos nosotros, eso que quede claro”, llegó a sentenciar Juan Sheput.

La labor realizada por la contraloría, ciertamente, puede ser muy cuestionable –como veremos más adelante–, pero ello no exime al Ejecutivo de que es precisamente lo que apunta el vocero alterno de la bancada oficialista aquello que les ha faltado en el asunto del aeropuerto de Chinchero: un verdadero rol de gobierno.

Pues quien abdicó de su función ejecutiva fue el mismo ex ministro Vizcarra al condicionar la adenda del contrato a lo que resolviera la contraloría. Una innecesaria sujeción que se repitió cuando –horas antes de renunciar a la cartera que dirigía– anunció que se dejaban sin efecto adenda y contrato por no haberse logrado “el respaldo ni de los grupos políticos ni de la propia contraloría”.

La circunstancia, además, de que hasta la fecha no haya una idea clara de qué es lo que corresponde hacer ahora con la construcción del aeropuerto de Chinchero es una muestra adicional del desconcierto gobiernista. Solo se ha comunicado –en boca del primer ministro, Fernando Zavala– que el nuevo titular de Transportes (ahora, Bruno Giuffra) definirá el camino a seguir: “la terminación unilateral [del contrato], la terminación de mutuo acuerdo o la renegociación”. En otras palabras, aún no hay un plan.

Ninguna de las falencias políticas y técnicas del Ejecutivo, sin embargo, condonan las que también ha exhibido la contraloría en este asunto.

Por ejemplo, llama la atención que la contraloría haya proclamado en tono terminante que había encontrado “responsabilidad penal en 10 funcionarios” del MEF, MTC y Ositrán contra los que iniciará acciones legales, sin que en su informe se exponga cuál sería el supuesto delito cometido, la norma penal infringida o siquiera alguna hipótesis sobre el beneficio o móvil ilícito de los supuestos infractores.

Otra llamativa omisión en el dictamen de la contraloría es el sustento de por qué, para comparar los costos y beneficios entre el contrato original del aeropuerto de Chinchero y la adenda suscrita, consideró un modelo económico teórico de Pro Inversión que no formó parte de la oferta ganadora ni del contrato. Así, la conclusión de que la adenda podría significar para el Estado “un perjuicio económico que se estima en US$40,6 millones” carece de soporte.

Finalmente, también resulta contradictorio que la contraloría recomiende al MTC restablecer las condiciones originales previstas en el contrato de concesión. No solo porque dichas condiciones habían sido anteriormente observadas por la contraloría como perjudiciales (por la imprecisión sobre el monto total de endeudamiento que habría tenido que reembolsar el Estado Peruano al concesionario), sino también porque dicha recomendación suponía en la práctica un direccionamiento de las decisiones de gestión que debía tomar el MTC. Más aun ahora que la contraloría ha resuelto denunciar penalmente a los funcionarios que actuaron bajo un criterio distinto al que ha tenido el organismo de control.

Así las cosas, habría que demandar bastante más determinación al gobierno y bastante menos protagonismo a quien no tiene ese encargo, para confiar que el aeropuerto de Chinchero y otros futuros proyectos tendrán una dirección adecuada.