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La reforma del sistema de justicia en el Perú combina dos características particulares: su absoluta urgencia y su enorme complejidad. Ambas, obviamente, no van de la mano. La celeridad que exige la primera no puede pasar por alto los canales de la segunda.
Ello ha quedado claro a partir de la serie de idas y vueltas que ha tenido el esfuerzo de reforma desde que se destaparon los llamados CNM audios. Y en los últimos días, un nuevo revés ha agitado el sector.
Según fuentes de este Diario, el fiscal supremo Jesús Fernández Alarcón envió un informe al despacho de la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, que involucra al actual presidente del Poder Judicial, José Luis Lecaros, con el caso de Los Cuellos Blancos del Puerto.
De acuerdo con el informe, Lecaros se habría reunido con el exjuez supremo César Hinostroza para que este apoyara su candidatura como titular del Jurado Nacional de Elecciones (JNE). Asimismo, según un aspirante a colaborador eficaz, Lecaros habría utilizado su posición para favorecer los intereses del empresario hotelero Salvador Ricci.
Se apunta además que, según el expresidente de la Corte Superior del Callao Walter Ríos, el abogado Humberto Abanto se reunió con él en el penal Ancón I. Abanto, según Ríos, venía de parte del propio Lecaros.
Las aparentes relaciones del presidente del Poder Judicial con personajes seriamente cuestionados no pueden pasarse por agua tibia, más aún cuando este integra el Consejo para la Reforma del Sistema de Justicia. Para una persona en lo más alto del sistema de justicia nacional no solo es necesario mantener una conducta intachable, sino que su imagen sea la de alguien íntegro y transparente.
Aunque no son estrictamente similares, una crítica parecida fue la que se le formuló en su momento al entonces fiscal de la Nación Pedro Chávarry, cuyas relaciones con el señor Hinostroza (con llamadas incluidas) no eran compatibles con la “conducta intachable, públicamente reconocida” que la ley le demandaba.
El asunto, pues, debe ser analizado con seriedad porque pone en cuestión la participación de un actor fundamental en el seno del sistema. En otras palabras, su alto cargo no debe constituirse como un elemento que impida una investigación rigurosa –como ha sucedido ya en ocasiones anteriores–.
Al mismo tiempo, no obstante, en asuntos de esta naturaleza es necesario que prime el debido proceso, por encima de cualquier consideración política o presión popular. Adelantar conclusiones basadas en parte en declaraciones no corroboradas de aspirantes a colaborador eficaz puede ser arriesgado. Zoraida Ávalos, más aún, no ha decidido todavía iniciar investigación formal contra Lecaros. Dada su condición de juez supremo, se requiere la intervención de la fiscal de la Nación para iniciar el proceso.
La delicada situación, por supuesto, acontece en un contexto de fuerte desprestigio del Poder Judicial y con sombras de sospecha que se extienden de modo generalizado. Un anterior presidente del Poder Judicial, Duberlí Rodríguez, como se recuerda, se vio forzado a renunciar en medio del escándalo de la difusión de audios que revelaban un entramado de corrupción entre empresarios, ministros, fiscales, jueces y miembros del CNM. Y aunque cualquier ciudadano tiene derecho a la presunción de inocencia, en el caso del presidente del Poder Judicial no puede quedar duda alguna respecto de su compromiso con la lucha anticorrupción y su capacidad para liderar la reforma de su institución.