Editorial: La angustia del eterno retorno

Muchos de los resultados del proceso de descentralización emprendido a inicios de la década pasada han dejado al desnudo la debilidad institucional a lo largo del país. Bajos niveles de ejecución de la inversión pública y aún menores niveles de eficiencia, corrupción extendida, caudillismo rampante y demagogia orgánica ocupan los espacios políticos en varios distritos, provincias y regiones. 

En este contexto, la reciente decisión del Congreso de la República de prohibir la reelección inmediata de alcaldes y presidentes regionales –desde ahora llamados gobernadores regionales–, lejos de contribuir a fortalecer la institucionalidad política del país, perfora el sistema de incentivos de las autoridades, limita la viabilidad de proyectos de largo plazo y la construcción de alianzas políticas –asunto especialmente grave en ausencia de partidos fuertes–, ignora la acumulación de experiencia técnica y coarta la libre elección de los ciudadanos.

Decimos, en primer lugar, que la eliminación de la reelección inmediata de autoridades distorsiona el sistema de incentivos políticos porque suprime la posibilidad de que una buena gestión sea recompensada con votos en los comicios siguientes. Más allá, por un lado, del aprovechamiento populista del cargo público para ganar simpatizantes, y, por otro, de los incentivos intrínsecos que el servicio público debería forjar, lo cierto es que parte de la fórmula del éxito de la democracia descansa sobre la promesa tácita de que una autoridad política que cumple con las expectativas de los electores tiene mejores oportunidades de permanecer en el poder –o cuanto menos las tiene la agrupación política a la que representa–. En otras palabras, sin reelección, los incentivos para hacer una buena gestión son menores. 

En segundo lugar, en ausencia de partidos políticos estables y con ideología sólida, las nuevas reglas de juego reducen la posibilidad de que proyectos o reformas de gran envergadura –que tomarían más de una gestión– se planteen y ejecuten. Tanto en Lima como fuera a la capital está arraigada la tentación de desconocer los resultados y proyectos de gestiones anteriores que en ocasiones más excepcionales que regulares se continúan. 

Otro punto, el tercero: en un país en que el capital humano del sector público adolece de varias limitaciones, parece insensato forzar que administraciones que habían acumulado experiencia y capacidades técnicas en la gestión regional o municipal tengan que dejar sus cargos aunque hayan hecho un buen trabajo. No hay que olvidar, en particular, que en el Perú existen 195 provincias y 1.845 distritos, varios en zonas alejadas y despobladas, que difícilmente cuentan con más de un equipo de gestión municipal preparado y con la experiencia necesaria.

En cuarto lugar, eliminar la reelección inmediata restringe las opciones que los ciudadanos tienen para elegir –opciones que, por cierto, no siempre son buenas y numerosas–. Los derechos constitucionales a elegir y a ser elegido solo deben ser limitados en casos en los que el beneficio de hacerlo sea obvio y significativo: esta no parece ser la situación en lo que concierne a la reelección inmediata.

Si lo que los congresistas querían lograr con la legislación en cuestión era frenar el avasallador triunfo de candidatos regionales y locales que buscan su segundo o tercer período consecutivo, el disparo salió desviado. Y es que, del 2010 al 2014, la proporción de presidentes (gobernadores) regionales reelegidos cayó de 24% a 10%, en tanto que la de alcaldes provinciales y distritales cayó de cifras cercanas a 30% a menos de 20%. La posición de poder no asegura la permanencia en el cargo; la buena gestión probablemente sí.

Finalmente, si los legisladores pretendían cortar la corrupción enquistada en algunos gobiernos regionales y locales, la solución no es reemplazar a una mala administración por otra potencialmente peor. Los destapes de corrupción deben ser investigados y sancionados, pero su popularidad en la prensa no debe llevar a legislar para todos a base de los casos de algunos.

Ciertamente, los problemas en las gestiones de las regiones, provincias y distritos requieren soluciones más profundas, complejas y pertinentes que la imposibilidad de ser reelegido. Estas pasan por fortalecer a los partidos políticos locales y nacionales, delimitar sus competencias, fiscalizar y examinar la probidad de los candidatos a cargos públicos, entre otras. Son, claro, reformas profundas y grandes, que al Congreso, una vez más, le quedaron enormes.