El jueves pasado salía de prisión el sentenciado por terrorismo Carlos Incháustegui, ‘El Arquitecto’, conocido por esconder, con la también senderista Maritza Garrido Lecca, a Guzmán hasta el momento de su captura. Se anunció además que a esta liberación le seguirán las de otros miembros de Sendero Luminoso (SL) –entre ellos Garrido Lecca–, quienes se sumarán a la lista de condenados por este crimen ya excarcelados. Por darnos una idea de cuántos sentenciados por terrorismo están actualmente fuera de prisión, baste recordar que solo durante el régimen de Toledo salieron de la cárcel más de 2.000 de ellos (muchos amparados en una norma del Ejecutivo que otorgó beneficios penitenciarios a los terroristas, y que luego fue derogada).
Lo cierto es que, con cada liberación de un sentenciado por terrorismo, surge la misma pregunta: ¿volverán a las andadas? Después de todo, al que nuestras cárceles no sean un modelo de resocialización se suma el tipo especial de delincuente que, por así decirlo, fueron los senderistas. Estamos hablando, al menos para buen número de casos –incluyendo ciertamente a quienes conformaban la cúpula senderista– de verdaderos fanáticos. Y el fanatismo no es una enfermedad que se cure fácilmente. Al menos no una vez ha “gangrenado el cerebro”, como decía Voltaire. Es lícito, pues, preguntarnos si podemos hablar de un “ex dirigente terrorista” más que lo que se puede hablar de un, digamos, “yihadista reformado”...
La preocupación que genera esta situación solo aumenta cuando vemos que no hay que esforzarse mucho para imaginar el tipo de vehículo que podrían aprovechar los senderistas no arrepentidos para reactivarse: ahí está, al fin y al cabo, el Movadef, contando entre sus dirigentes a un ex preso por terrorismo y al abogado de Abimael Guzmán, y, sin embargo, captando más de 350 mil firmas para su inscripción (lo que, aún descontando las viciadas, las falsas y las de los incautos es un número muy alto para no generar ansiedad). Por otra parte, muchos ni siquiera esperan a salir de prisión para continuar con sus actividades senderistas: en abril, como parte del célebre arresto de la cúpula del Movadef, la fiscalía denunció a diez cabecillas de SL que ya se encontraban en la cárcel, por presunto terrorismo en modalidad de dirigentes. Es ilustrativo a este respecto cómo en una de las comunicaciones interceptadas como parte de la investigación se oye a Victoria Trujillo (senderista que próximamente será liberada) coordinando en el 2011 con el abogado de Guzmán para tratar temas relacionados con la inscripción del Movadef.
Por otro lado, revisar la trayectoria de varios condenados por terrorismo que han sido luego liberados solo suma a la preocupación. Quizá el caso más vívido entre los recientes sea el del hoy prófugo ex presidente regional de Tumbes Gerardo Viñas, ‘ex’ senderista que salió libre gracias a un indulto. En el primer día en su cargo el señor Viñas solicitó que se libere a Guzmán y que se inscriba al Movadef como partido político. Luego contrató a varios sentenciados por terrorismo para trabajar como gerentes y directores del gobierno regional (incluido al que habría sido su asesor personal y a quien se desempeñó como director de la Unidad de Gestión Educativa de Tumbes, pese a haber sido jefe de una escuela popular de SL). Sin embargo, donde quizá quede más clara la influencia del senderismo en las autoridades de Tumbes es en un lema que apareció en 3 mil textos escolares entregados por el gobierno regional: “Sirviendo al pueblo de corazón”. Y así es como los recursos del Estado Peruano acabaron usados para reproducir el lema oficial senderista para el consumo de los niños de las escuelas públicas.
Lo delicado, desde luego, está en cómo no pecar de inocencia y al mismo tiempo respetar la nueva oportunidad en la vida –y a reintegrarse en la sociedad– que merecen todas las personas que han cumplido con sus penas. Y la respuesta viene por donde la ha insinuado la ministra Ana Jara: por una labor de inteligencia que merezca el nombre de tal. Es decir, que, sin hacerse sentir, instale los sistemas de alerta suficientes para que el Estado no vuelva a ser nunca el sorprendido en la relación con estas personas. Y para que, claro, mientras ellas no enciendan estas alertas, tengan la oportunidad que, habiendo cumplido sus sentencias, merecen.