Editorial: El arte de Sendero

El viernes fuimos testigos de una acalorada discusión entre el titular del Interior, Daniel Urresti, y el dirigente del Movimiento por Amnistía y Derechos Fundamentales (Movadef) y abogado del cabecilla terrorista Abimael Guzmán, Manuel Fajardo, cuando se encontraron en los exteriores de la muestra “En tu nombre”, donde se exhibían pinturas hechas por diversos senderistas sentenciados, como Elena Yparraguirre (esposa de Guzmán), Maritza Garrido Lecca, entre otros. El enfrentamiento se generó cuando el ministro Urresti condenó la exposición aseverando que se pretendía revivir a Sendero Luminoso (SL) y cuando le increpó a Fajardo ser parte de este grupo terrorista y tratar de reclutar jóvenes para su causa. A la pregunta de si la muestra se trataría de una apología al terrorismo, el abogado de Guzmán contestó: “No hay apología. De acuerdo con el Tribunal Constitucional, la apología requiere incitación a hechos violentos a actos terroristas y eso no van a encontrar en los prisioneros políticos desde 1992 y en lo que es Movadef, que es aparte”.

Más allá de las discusiones e hipótesis que han salido a la luz respecto a que si este episodio fue una estrategia o no para distraer a la opinión pública de los casos de corrupción que involucran al gobierno como el de Óscar López Meneses o de Martín Belaunde Lossio, este enfrentamiento ha generado que nos preguntemos si el Ejecutivo está realizando una adecuada estrategia de inteligencia para identificar las estrechas relaciones entre el Movadef y SL. Relaciones que deberían investigarse con cautela, rigurosidad y profundidad debido a que esta agrupación es claramente el ‘brazo político’ del mencionado grupo terrorista. Y es que el Movadef, además de haber intentado utilizar mecanismos legales para inscribirse como partido político y aparentar ser una organización que respeta la democracia, siempre ha sido la institución que ha tratado de conseguir la liberación de los integrantes de la cúpula de SL, a quienes considera –como mencionó Fajardo– “prisioneros políticos”. Además, mediante la utilización de áreas grises de la ley y vacíos legales, reivindica sistemáticamente las sanguinarias acciones que este grupo terrorista perpetró en nuestro país.

Lo cierto es que la intervención mediática del ministro Urresti –principal responsable de combatir a los grupos terroristas– ha aportado poco a la lucha contra el Movadef y contra aquellos que hoy ensalzan al demencial grupo que asoló al país hasta hace dos décadas. Si realmente se trataba de una actividad ilícita, como sugirió el ministro, hubiese sido mucho más efectivo realizar un trabajo previo de inteligencia en coordinación con el Ministerio Público para tratar de determinar responsabilidades. La abrupta aparición del señor Urresti, en cambio, solo parece haber sido útil para darle publicidad a la exposición del Movadef y para evidenciar que el gobierno no tiene claro por dónde hacer caer a esta agrupación. 

No es la primera vez, por lo demás, que los dirigentes de este movimiento se han librado de la justicia gracias a que el Estado no tenía una buena estrategia legal de su lado. Recordemos que en abril se realizó la operación Perseo, en que participaron más de 300 agentes de la Dircote, Dirandro, Dirincri e Inteligencia, de las Fuerzas Armadas, fiscales, además de procuradores y abogados del Ministerio del Interior. En ella se detuvo a 28 miembros del Movadef, incluido a Manuel Fajardo. La sala penal que resolvió la impugnación de la orden de prisión preventiva para los acusados, sin embargo, decidió que no existían pruebas suficientes para mantener encarcelados a muchos de ellos, por lo que ordenaron su excarcelación. 

El Perú, lamentablemente, no se puede dar el lujo de no tener una estrategia clara contra el terrorismo y reducir su combate a meros enfrentamientos verbales ante cámaras. Más aun cuando las recientes liberaciones de terroristas podrían permitir engrosar peligrosamente las filas del Movadef. Lo que necesitamos es que el ministro Urresti lidere una verdadera labor coordinada de inteligencia en contra de Sendero Luminoso y sus voceros, para que estos no puedan sorprender al país refugiándose en vericuetos legales. Los peruanos hemos sufrido mucho por el terrorismo como para que ahora nuestras autoridades se tomen este flagelo con ligereza.