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El nombre de Luis Zegarra Filinich se volvió conocido este fin de semana gracias a un reportaje de “Cuarto Poder”. El domingo, este programa periodístico mostró un video donde se veía a Zegarra Filinich –entonces asesor del primer ministro René Cornejo– convenciendo a otro funcionario público (incluso le entregaba para ello una suma de dinero) de obtener información que serviría para desprestigiar públicamente al congresista Víctor Andrés García Belaunde. Este último, no olvidemos, denunció que René Cornejo habría seguido siendo parte de la empresa Helios, la cual contrataba con el Estado, mientras él era ministro de Vivienda. Esta acusación sigue siendo investigada en el Parlamento y, de ser fundada, podría desencadenar su caída y un escándalo de primer nivel en el gobierno.
Al conocer esta denuncia, la Presidencia del Consejo de Ministros le exigió su renuncia a Zegarra Filinich. Esta institución, además, emitió un comunicado deslindando responsabilidad y el señor Cornejo salió a los medios a afirmar que Zegarra Filinich actuaba por su cuenta. “Tiene que investigarse –señaló el primer ministro–, este tipo de cosas no las permitimos en el gobierno”.
El presidente de la República ha tenido una reacción similar. “Ni bien me enteré de este problema llamé al primer ministro y le expresé mi mortificación, porque esto tiene un velo de oscuridad. En este Gobierno no vamos a permitir ese tipo de prácticas”, señaló el señor Humala a la prensa.
En este caso, sin embargo, difícilmente la ciudadanía se quedará tranquila con un “yo no fui” acompañado de un indignado “hay que investigar”. En primer lugar, llama la atención poderosamente que el asesor del primer ministro buscase armar una supuesta campaña de desprestigio del opositor político de su jefe sin que este último lo supiese. Y es aún más difícil creerlo una vez que reparamos en que eso implicaría que el mencionado asesor estuvo dispuesto a sacar de su propio bolsillo 8 mil soles para pagar por que se investigue a García Belaunde. Zegarra Filinich, además, no era un asesor cualquiera. Él era un hombre de confianza de René Cornejo y trabajaban juntos desde hace varios años, incluso antes de que este se incorporara al gabinete ministerial.
El señor Humala tiene razón: esto tiene un velo de oscuridad. El problema, no obstante, es que existen sospechas de que el velo lo podría haber colocado el propio gobierno para proteger a su primer ministro. Por eso este último –si es inocente–, debería ser el más interesado en que se pruebe por qué su asesor habría actuado unilateralmente para tratar de montar una campaña de desprestigio contra el congresista García Belaunde.
Hay que resaltar, por otro lado, que los ciudadanos ya estamos acostumbrados a que frente a las acusaciones de corrupción que alcanzan al gobierno este opte por quitar cuerpo y por anunciar simplonamente que se están realizando las investigaciones correspondientes.
Es, por ejemplo, lo que sucedió con el Caso López Meneses. El presidente le echó la culpa a la policía y no se llegó a determinar quién y por qué se protegía la casa del ex cómplice de Montesinos. Es la misma estrategia que vimos con la denuncia de que se estaba espiando a periodistas. El gobierno negó su responsabilidad y anunció que investigaría los hechos sin que ello condujera a nada concreto. Y, por poner un ejemplo más, es lo mismo que sucedió cada vez que se descubrió que Antauro Humala gozaba de privilegios carcelarios. La responsabilidad se pateó lo más lejos posible del centro del oficialismo y nunca se dilucidó hasta dónde llegaban realmente los tentáculos de la corrupción.
Los integrantes de la bancada de Acción Popular-Frente Amplio solicitaron ayer la renuncia del primer ministro, prueba de que este no es un tema menor. Llega, además, en un complicado contexto en el cual el oficialismo enfrenta la desaceleración de la economía y un probable cisma en su bancada justo antes del discurso de 28 de julio. Los señores Humala y Cornejo no deberían tratar de pasar esta acusación por agua tibia pues, si lo hacen, solo seguirán restándole puntos a la ya alicaída legitimidad de su gobierno.
