Editorial El Comercio

La situación de la presidenta del Consejo de Ministros, , difícilmente podía tornarse más problemática después de la revelación de los múltiples favorecimientos de los que fueron objeto tres parientes del comerciante (con el que ella sostendría una relación amorosa, a juzgar por lo visto en un video difundido hace poco) y, sin embargo, eso es exactamente lo que ha ocurrido a raíz de la información reportada por la Unidad de Investigación el último lunes.

Bastante grave ya era, en efecto, que Antonio Sotelo (padre del mencionado comerciante) hubiese sido designado como representante del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) ante el Consejo Nacional del Senati mientras la hoy jefa del Gabinete era titular de ese sector, y que luego hubiera sido recolocado en Cofopri en Tacna (de donde Chávez es natural); así como que Marco Antonio y Flor de María Sotelo (hermanos de Abel) hubieran sido contratados en su momento en el despacho congresal de la titular de la PCM. Pero ahora, a partir de la nota publicada en este Diario, se sabe que al menos 14 personas (todas nacidas o domiciliadas en Tacna, tierra de origen de la ministra, como ya mencionamos) contrataron con el Estado luego de haberla visitado en su despacho parlamentario o en el MTPE, o de haber trabajado anteriormente con ella. El monto total de lo obtenido por tales contratos asciende a S/287.500. Y llama además poderosamente la atención el hecho de que varios de los beneficiados no habían contratado antes con el Estado, vía órdenes de registro, y consiguieron su registro de proveedores días antes o incluso en la misma fecha en que los pagos que debían recibir fueron autorizados. Los casos de favorecimientos de este tipo sencillamente se han multiplicado a su alrededor como hongos…

No es de extrañar, por eso, que las alarmas del Ministerio Público se activaran a mediados de noviembre y que un equipo del área de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales iniciara en ese momento a la en ese entonces ministra de Cultura por los presuntos delitos de negociación incompatible o aprovechamiento del cargo y tráfico de influencias agravado.

Por su parte, la Contraloría General de la República ha empezado esta semana a recopilar información , a fin de verificar si cumplen con los perfiles requeridos para los trabajos que consiguieron. No sería sorpresivo descubrir que este no ha sido el caso, como tantas veces ya ha ocurrido en este gobierno.

Como es obvio, viniendo de una funcionaria en un cargo tan encumbrado como el que la señora Chávez ostenta, lo primero que cabía esperar de su parte apenas los casos ya mencionados se hicieron públicos era una explicación, pero todo parece indicar que seguiremos esperando tal cosa indefinidamente. La titular del Gabinete no solo no ha respondido los requerimientos de este Diario sobre el material publicado ayer, sino que 20 días atrás, cuando apareció el destape sobre el favorecimiento a los integrantes de la familia Sotelo, optó por llamar “sicarios de la información” a los periodistas que lo siguieron y “Blanca Nélida Colán 2.0″ (en alusión a la exfiscal de la Nación que acabó presa tras el fujimorato) y “golpista” a la actual titular del Ministerio Público, Patricia Benavides.

La verdad es que, a juzgar por el cuadro descrito, la hipótesis de que la ha designado presidenta del Consejo de Ministros como una forma de desafiar al Congreso (que ya la censuró cuando estaba al frente del MTPE) para que le niegue el voto de investidura y se ponga a un paso de la disolución, no es descabellada. De hecho, conforme van pasando los 30 días de los que la primera ministra dispone para presentarse ante el pleno con ese propósito, va quedando todavía más claro –si hacía falta– que no es la persona adecuada para ocupar ese encargo por una miríada de razones. Lo que tenemos aquí es una lluvia, ya no sobre mojado, sino sobre anegado. Y una inundación así siempre termina en naufragio.

Editorial de El Comercio

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