Editorial: Boicot judicial

Desde el 25 de marzo los trabajadores del Poder Judicial acatan una huelga indefinida para lograr que el Estado ceda ante varios de sus reclamos, entre los que se encuentra el ser excluidos del régimen meritocrático creado por la Ley del Servicio Civil (Ley Servir). El último episodio de esta huelga se vivió ayer, cuando cientos de estos trabajadores bloquearon el tránsito en el Centro de Lima y se enfrentaron a la policía, la cual terminó dispersándolos con gases lacrimógenos.

Aparentemente, las medidas de presión de los trabajadores del Poder Judicial van a tener éxito, pues la Comisión de Trabajo del Congreso ya aprobó un proyecto de ley que acoge su demanda y que fue presentado por el presidente del Poder Judicial. El argumento que el doctor Enrique Mendoza utilizó para defender que se debe excluir a los trabajadores de su institución de la aplicación de la Ley Servir es que, de lo contrario, se afectaría la autonomía de este poder del Estado. Concretamente, señaló en su presentación ante el Congreso que “por razones de autonomía e imparcialidad, el personal judicial no puede ni debe guardar relación ni sujeción a órgano distinto a lo dispuesto por la Ley Orgánica del Poder Judicial”.

El doctor Mendoza, efectivamente, ha planteado un tema sensible, pues nadie quiere que el Ejecutivo tenga un mecanismo para interferir en las decisiones de la judicatura. Sin embargo, aquí hay que separar la paja del trigo. 

La Ley Servir no se aplicaría a los jueces (que son quienes toman las decisiones) sino a su personal auxiliar y administrativo, por lo que difícilmente sería un mecanismo que el Ejecutivo podría utilizar para interferir en los resultados de los procesos judiciales. Además, la Ley Servir tampoco subordina la actuación cotidiana de dicho personal a las decisiones del gobierno. Lo que hace, principalmente, es crear un régimen que introduce meritocracia a la carrera pública a través de sistemas de evaluación y capacitación. Y las decisiones administrativas finales sobre el destino de cada trabajador las deja en manos de la entidad donde ellos laboran, en este caso el Poder Judicial. No vemos, por estas razones, que la Ley Servir ponga en riesgo la independencia de la judicatura. 

Como aparentemente dicho riesgo no existe, diera la impresión de que, más que a los argumentos del doctor Mendoza, el Congreso viene atendiendo a los gritos de los huelguistas. Y esto supone múltiples problemas.

Para empezar, no es posible que se siga reforzando la peruanísima costumbre de que quien no grita (y bloquea calles) no mama. Con este precedente, mañana iniciarán una huelga los trabajadores de cualquier institución que no quieran que se les aplique la Ley Servir y que quieren mantener el statu quo de ineficiencia. Y, al parecer, eso bastará para que se les haga una excepción a su medida. De hecho, uno de los argumentos que han usado los trabajadores del Poder Judicial para justificar su reclamo es que entidades como el Congreso, la Sunat o la Superintendencia de Banca y Seguros ya han sido excluidas de la aplicación de la Ley Servir.

Lo irónico, por otro lado, es que la exclusión que aparentemente se va a materializar viene siendo apoyada por legisladores de la bancada nacionalista. Es decir, quienes estarían a punto de crear un nuevo agujero en la ley son quienes la impulsaron en un primer momento. Algo que termina siendo aun más grave si tenemos en cuenta que la Ley Servir es la única reforma de importancia que este gobierno ha logrado.

Finalmente, quizá el problema más grande de crear esta excepción sería que se perdería la oportunidad de implementar un sistema meritocrático dentro de la burocracia judicial. Una institución que, sin duda, requiere de meritocracia a gritos, pues se trata de uno de los servicios que peor funciona en el país.

Lamentablemente, tal como van las cosas, parece que nada de esto le importa al Congreso y que los huelguistas alcanzarán su cometido. Y, por lo visto, el presidente Humala no se ha enterado del tema, pues es lo único que puede explicar que no haya alineado a su bancada para que no sabotee la reforma que tanto le costó aprobar.