Para hablar de lo que el señor Gregorio Santos ha significado para su región y para el Perú en los últimos años sirve muy bien parafrasear a Churchill: jamás uno les costó tanto a tantos otros.
No es solo lo que significó lo que hizo en Conga, en nombre de una demostrada mentira (la que decía que luego del trasvase de las lagunas habría menos agua en la zona). No es solo que se privó a Cajamarca de una inversión de US$4.800 millones y al país de un número indeterminable pero sin duda grande de otros proyectos que desde entonces fueron desviados a destinos diferentes en directorios y gerencias alrededor del mundo. No es solo la brutal caída del turismo y el comercio que, desde el estallido de la violencia, ocurrió en la región, sumiéndola en una recesión mientras el resto del país continuaba creciendo. No es solo, en fin, el dinero que, según la contraloría, Santos desvió de los fondos regionales para la educación a fin de contratar masas que animaran los paros regionales anti-Conga.
No. Resulta que la factura nacional de Santos es mucho mayor. Resulta que, mientras hacía todo lo anterior, también se ocupaba de sus otros intereses, incurriendo, según la acusación con que la fiscalía acaba de solicitar prisión preventiva para él, en asociación ilícita, cohecho y colusión.
Antes de que esta acusación fiscal se diera, Santos ya había afirmado que el informe de la contraloría en que esta se basa era parte de una campaña de “grupos de poder económico” (entiéndase: una venganza de la gran minería por haber “salvado” el ecosistema y los derechos de los campesinos de Cajamarca). Sin embargo, las pruebas que obran en el expediente –en el que se acusa a Santos y a otras 37 personas de formar parte de un entramado para beneficiarse del otorgamiento de millonarias concesiones por parte de la región– dejan poco espacio para la especulación. Hay por lo menos 11 proyectos que, según la contraloría, fueron otorgados irregularmente por Pro Región, la entidad a la que Santos transfirió sumas enormes para contrataciones de infraestructura regional y a cuya cabeza puso a su mano derecha, José Panta Quiroga. Once proyectos que fueron otorgados a consorcios postores que o presentaban documentaciones falsas o no cumplían los requisitos mínimos exigidos por las bases, pero todos los cuales tenían algo en común: incluir en su seno a una empresa relacionada con Wilson Vallejos.
¿Quién es Wilson Vallejos? Pues el empresario que se hizo famoso por la divulgación de audios de conversaciones suyas (cuya autenticidad está confirmada) en las que sostenía que él “prácticamente manejaba” Pro Región y que lavaba –y sacaba por Tumbes rumbo a cuentas panameñas– el dinero del señor Santos: “Yo ahorita tengo que darle su billete a ese ‘on, y estoy que le lavó todo su billete a ese ‘on”. El mismo Vallejos que Santos negaba conocer pese a que, por medio de diferentes empresas, Vallejos había ganado licitaciones de su gobierno regional por un total de S/.130 millones; pese a que en los audios todos oíamos decir al propio Vallejos que él y Santos eran amigos; y pese a que poco después que se conocieran estas grabaciones vieron la luz una serie de fotos en las que se mostraba a Vallejos pasando un día de playa en Máncora acompañado por la hija de Santos y por una serie de funcionarios de Pro Región.
Panta ya está detenido, igual que Vallejos. Un colaborador eficaz había señalado que Panta recibió coimas por S/.403.681 y la contraloría corroboró que estos habían sido ingresados a sus cuentas del Banco de Crédito e Interbank.
El que una de estas licitaciones amañadas fuese para contratar la construcción de un muro de contención que ya estaba construido y el que otras dos fuesen para la edificación de dos hospitales que eran urgentemente requeridos en Cajamarca y que aún no se han terminado solo confirman la extensión de la inescrupulosidad de la que Santos ya había dado pruebas en Conga. La única diferencia es que entonces Santos mentía y robaba a los cajamarquinos de oportunidades para servir a su agenda política, mientras que en estas licitaciones, según tanto la contraloría como la fiscalía, los ha engañado y robado para servir a su agenda de negocios. Pero en su idea de estafar al pueblo para llevar agua a sus molinos, hay que reconocérselo, ha sido siempre perfectamente coherente.