Editorial El Comercio

Esta semana, la minera ha sido escenario de nuevos enfrentamientos entre un grupo de comuneros, que reclaman como suyos los terrenos en los que opera el proyecto, y la policía, encargada de mantener el orden en la zona.

En los últimos días, la violencia . Según la policía, alrededor de 500 lugareños han atacado la mina, divididos en grupos y, en muchos casos, a lomo de caballo.

La propiedad privada ha sido el principal objetivo de los invasores. Prendieron fuego a 15 vehículos y a múltiples máquinas, se dañó la planta concentradora de cobre y se trató de hacer arder un helicóptero de la empresa. Además, hay alrededor de 30 heridos, entre policías y manifestantes, y hasta un civil herido de bala. Una ciudadana, incluso, corre el riesgo de perder la vista. Asimismo, se registraron ataques contra la comisaría de Challhuahuacho y se quemaron algunos negocios.

El comisario de Challhuahuacho, mayor PNP , informó a este Diario que dentro de la mina hay unos 650 agentes de diferentes regiones. Estos, sin embargo, no se dan abasto, pues la mina tiene un perímetro de 47 km.

Desde que asumió el poder, el Ejecutivo se ha demostrado incapaz de garantizar la paz en los alrededores y en el territorio de la minera Las Bambas. Los intentos de hacerlo no han faltado, pero, como demuestra la situación, estos han sido fútiles. De hecho, el fracaso lo arrastran todos los gabinetes de este Gobierno, empezando por el de , quien visitó la provincia de Chumbivilcas el año pasado montado a caballo para lidiar con el paro que ahí se mantenía contra la mina. Ahora, como declaró a una radio nacional el presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Apurímac, Edward Palacios Vásquez, la presencia del ministro de Energía y Minas “no ha solucionado nada”. “Esperaba que el ministro Palacios dé un mensaje de que hoy está llevando la solución a Las Bambas […]. He estado presente en marzo acá, junto con el presidente del Consejo de Ministros, y la verdad que ha sido un saludo a la bandera”.

Las consecuencias del descontrol, expresado en la destrucción de la propiedad privada y en el perjuicio a la vida humana, tienen doble impacto. Por un lado, están las pérdidas económicas: con la paralización de Las Bambas el país deja de exportar más US$9 millones diarios y el Estado deja de recaudar S/5,2 millones al día en impuestos y regalías. Por el otro, está lo más grave: el daño al Estado de derecho. Es responsabilidad del Gobierno evitar y castigar la violencia, el vandalismo y las agresiones a las fuerzas del orden no pueden quedarse impunes y, mucho menos, pueden continuar. Al mismo tiempo, está obligado a preservar la paz mientras protege a la población civil.

La ausencia de una estrategia efectiva para ponerle fin a este tipo de conflictos, que en más de una oportunidad (ver el caso de , por ejemplo) resultan en olas de crimen, socava el principio de autoridad. Y ello no solo dibuja a un gobierno débil y, al mismo tiempo, la existencia de un clima ideal para quienes eligen hacer uso de la violencia en esta y en otras zonas del Perú. También debilita la credibilidad del país y la confianza de los actuales y futuros inversionistas. En fin, ¿quién elegiría arriesgar miles de millones de dólares cuando pueden ser prendidos en llamas con impunidad? ¿Qué tranquilidad puede generar un gobierno que no puede garantizar el funcionamiento pacífico de una mina?

El Ejecutivo es, en gran parte, responsable de todo lo que está pasando en Las Bambas. No solo es incapaz de mantener la paz, sino que está distraído persiguiendo sueños de opio, como la mentada asamblea constituyente, y regalando populismo barato cada vez que sus miembros pronuncian palabra. Esto no puede seguir así.

Editorial de El Comercio

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