La compra de pañales por parte del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) y la vergonzosa desaparición de más de un millón de ellos han causado un disentimiento público entre las ex titulares de esa cartera Ana Jara y Carmen Omonte. Más allá de las responsabilidades específicas (que será fundamental establecer, por supuesto), cabe llamar la atención, sin embargo, sobre el mal uso de recursos públicos que este caso evidencia.
Los hechos son los siguientes. En el 2013, se autorizó en el referido sector la adquisición de más de 8 millones de pañales a un costo superior a los 6 millones de soles provenientes del presupuesto destinado al apoyo social de poblaciones vulnerables. Hoy, casi dos años después, menos de un tercio de esos pañales ha logrado ser repartido, mientras que más de un millón se encuentran desaparecidos y el resto acumula polvo en un almacén, a causa de la ausencia inicial de un plan de distribución o demanda que justificase la millonaria compra.
La congresista Jara, quien conducía el ministerio cuando se dispuso la adquisición, deslinda ahora responsabilidades, aduce que es la oficina de abastecimiento la encargada de estos bienes y que, puesto que existe un inventario de los pañales realizado durante su gestión, la desaparición debe haberse dado en un momento posterior a esta. Lo que no menciona, sin embargo, es que la misma oficina responde en última instancia a su antiguo despacho ministerial y permitir la compra de millones de pañales sin que existiese un plan de entrega, almacenaje, o siquiera un sustento que justificase tan inusitada cantidad es una acción negligente respecto de recursos financiados con nuestros impuestos.
Y decimos que no hay sustento que justifique la compra puesto que, en los seis meses posteriores –durante los cuales la señora Jara continuó como titular de esa cartera– tan solo el 1% del total de pañales adquiridos pudo ser distribuido. Es decir, una vez recibido, a ese ritmo, al MIMP le habría tomado cerca de 50 años repartir todo el cargamento.
El deplorable manejo de los bienes, por otra parte, resulta igualmente alarmante. El hecho de que –como indica un informe de IDL-Reporteros– cuando faltaba la mitad de la entrega el jefe de almacén emitiese un documento indicando que los pañales recibidos ocupaban el 80% del depósito, y que, semanas más tarde, en una multiplicación milagrosa del espacio, se firmase por la recepción de la totalidad del pedido, es inaudito. Y es igualmente portentoso que, ante la mala condición del primer almacén, se decidiese trasladar los bienes a un segundo depósito sin realizar un inventario de la carga y sin notar por ello la eventual ausencia (por no tenerse constancia tampoco de que estos hubieran dejado el primer depósito) de más de un millón de pañales, después de haberlos movido de lugar.
Finalmente, la circunstancia de que el MIMP tenga que solicitar estudios para determinar si los pañales restantes se encuentran en condiciones de ser repartidos, tras pasar largos meses en un almacén invadido por los gatos y la humedad, remata el penoso cuadro.
¿Cuál era la necesidad de comprar 8 millones de pañales en primer lugar? La seriedad del asunto y las declaraciones de la ex ministra Jara evidencian, en el mejor de los casos, una ligereza en el manejo de fondos públicos por parte del despacho que ella encabezó.
No obstante, con prescindencia del escándalo político que pueda derivarse del enfrentamiento entre dos ex ministras de un mismo sector pero pertenecientes a partidos distintos, hay en esta historia algo de fábula. Es decir, una cadena de circunstancias y una lógica que trascienden a los protagonistas específicos y otros datos anecdóticos, de lo cual es posible extraer una enseñanza. O, como se acostumbra decir en las piezas literarias que presentan esas características, una moraleja.
A saber, que cuando los bienes que se juzgan necesarios para un sector de la población son adquiridos y administrados por el Estado, lo más probable es que terminen siendo descartables.