Editorial: Gracias, pero no gracias

El Caso Lava Jato, conocido como la investigación por actos de corrupción más grande de la historia de América Latina, se perfila, cuando menos, como el proceso que mayor relevancia tendrá en nuestro país durante el próximo año. Más aun luego de que el empresario Marcelo Odebrecht confesara ante el Departamento de Justicia de Estados Unidos que su compañía pagó sobornos por US$788 millones a funcionarios de al menos 12 países entre el 2005 y el 2014, US$29 millones de los cuales fueron a parar a los bolsillos de autoridades peruanas.

Considerando el impacto mediático de una investigación que involucra a los tres últimos gobiernos (Alejandro Toledo, Alan García y Ollanta Humala), en los que una buena parte del elenco político actual han tenido algún rol –incluyendo al propio presidente Pedro Pablo Kuczynski, ministro de Economía y presidente del Consejo de Ministros durante la administración de Toledo–, no han sido pocos los personajes políticos que han encontrado en este suceso una oportunidad para procurarse alguna cuota de protagonismo. En particular, intentando desempeñar el rol de agudos investigadores.

Así, por ejemplo, el último martes, los integrantes de la bancada parlamentaria de Fuerza Popular presentaron una moción en la que exhortan al Poder Ejecutivo, al Poder Judicial y al Ministerio Público a tomar las acciones necesarias para investigar y sancionar los hechos de corrupción de la constructora Odebrecht con autoridades peruanas. Esto pese a que, días antes, tanto el Consejo de Defensa Jurídica del Estado (que lidera las procuradurías) como el fiscal de la Nación habían anunciado la creación de sendos equipos dedicados exclusivamente al Caso Lava Jato. 

La misma moción señala, además, que el Poder Legislativo instalará “con prontitud la comisión investigadora Lava Jato […] brindándole las facilidades correspondientes para viajes al extranjero con el objeto de investigar y recabar información, entre otros aspectos necesarios, para esclarecer los citados hechos [de] corrupción”. En buena cuenta, una reiteración del anuncio de la creación de esta comisión especial, que ya había sido aprobada a principios de noviembre por el pleno del Congreso.

Si bien puede resultar saludable el entusiasmo de los parlamentarios por aclarar a la brevedad los actos de corrupción relacionados con las empresas constructoras brasileñas, el tono reiterativo del comunicado de la bancada mayoritaria permite presagiar que los esfuerzos de una enésima comisión investigadora tendrán un desenlace similar al que han tenido iniciativas semejantes anteriormente. Esto es, una deslucida exhibición mediática y poco más que eso. 

El problema radica no solo en los pobres resultados que estas comisiones investigadoras han tenido en el pasado, sino también en que la labor parlamentaria corre el riesgo de politizar y entorpecer el trabajo de la fiscalía, procuraduría y Poder Judicial. 

De hecho, en la última semana se ha conocido que existe un acuerdo de confidencialidad con las autoridades en Brasil y Suiza que no permite al Ministerio Público revelar la información recabada a través de su unidad de cooperación internacional, por lo que las pesquisas del Congreso no contarían con información clave para esclarecer los hechos. Y pese a ello, los futuros integrantes del grupo de trabajo parlamentario han insistido en continuar con su labor pues, a su entender, “[el Ministerio Público] pocas veces ha colaborado con el Congreso” (Víctor Andrés García Belaunde de Acción Popular) y “muchas veces [en el Congreso] hemos hecho un mejor trabajo que la fiscalía” (Jorge Castro del Frente Amplio). No obstante el desborde de optimismo, las experiencias previas no avalan a los congresistas y, más bien, las circunstancias de un caso tan complejo como este permiten cuestionar la calidad de su eventual aporte.

Todo esto no pretende sugerir, por supuesto, que los parlamentarios se queden de brazos cruzados ante un hecho de corrupción tan grave. Pero su mayor contribución no se encuentra en intentar duplicar el trabajo de otras instituciones, sino más bien en legislar para fortalecer y dar mayores garantías a los órganos del sistema de justicia. Las entidades investigadoras y la ciudadanía se lo agradecerán.