Editorial: La otra gran parada

En teoría económica, el costo de toda decisión debe ser medido en relación con cada una de las alternativas disponibles. Por ejemplo, en el caso de un agricultor que decide sembrar tomates, la decisión debe ser evaluada en contraste con los beneficios que traería sembrar otro cultivo o incluso no sembrar ninguno. Al optar por una determinada alternativa, toda persona busca maximizar los beneficios por obtener.

Con esa misma lógica, en consecuencia, cuando se habla de decisiones que involucran políticas públicas, los gobernantes deben distinguir y adoptar aquellas que se traduzcan en un mayor bienestar para la ciudadanía.

La semana pasada, en aparente aplicación de este razonamiento, el ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Daniel Maurate, declaró: “No va a ser feriado largo este 27 de julio. Hicimos la evaluación correspondiente y de todos los sectores se ha establecido que en realidad el Perú, en estos momentos, no puede parar”. 

Y si tomamos en cuenta que, según el director ejecutivo del Instituto de Economía y Desarrollo Empresarial de la Cámara de Comercio de Lima, Cesar Peñaranda, el costo económico que ocasiona cada feriado asciende a S/.45 millones, y que el movimiento generado por el sector turismo no supera el perjuicio producido por los múltiples sectores que dejan de trabajar en esas fechas, la decisión parecía ser consecuente con la necesidad de remontar la desaceleración económica que enfrenta el país. 

El propio ministro sostuvo: “Es más lo que se pierde que lo que se gana económicamente” [al decretarse un feriado como el del 27]. Y agregó: “Todos esos aspectos se han tomado en cuenta a fin de decidir, por lo menos por esta vez, que no será feriado y será un compromiso para todos los peruanos de aportar con nuestro trabajo por las Fiestas Patrias”. Una reflexión y una resolución, sin lugar a dudas, prudente.

Pero en política, ya se sabe, la prudencia suele durar poco. Unas horas después de ofrecer esas declaraciones, Maurate salió a desdecirse. “Es verdad que ha habido un intenso debate, pero la conclusión es que el día lunes 27 tendremos feriado para los trabajadores del sector público y también para el privado”, sentenció. Y con ello demostró que, dada una adecuada coyuntura, el Perú sí puede parar. O, más bien, puede ser forzado a hacerlo.

¿Qué causa que un gobierno tome una determinación así a pesar de ser consciente de la evaluación económica negativa que existe al respecto? Pues parece obvio que se trata del favor popular que se gana decretando un día más de descanso. Máxime en una situación de altísima desaprobación, como la que enfrenta actualmente la administración del presidente Humala.

Sería injusto postular, sin embargo, que esta vocación por preferir la complacencia ciudadana al sostenimiento de la productividad del país es exclusiva del actual gobierno. Si bien en los cuatro años que lleva en el poder este ha acumulado ya 19 feriados no laborales (17 de ellos obligatorios para el sector público y solo opcionales para el privado), el último gobierno aprista llegó a disponer un total de 28 feriados en cinco años, lo que constituye una marca difícil de superar.

De cualquier forma, lo sucedido esta semana es grave porque, a partir de la cifra aportada por Peñaranda y con una aritmética simple, se llega a la conclusión de que lo perdido en esos 19 días no es menos de S/.855 millones. Y, además, por el mensaje político que comporta haber dicho primero que “el Perú no puede parar” y luego haber retrocedido: todo un anuncio de la manera en que podría afrontarse desde el Ejecutivo el período electoral que se avecina, y que obliga a encender las alarmas con respecto a las medidas populistas que tanto caracterizan los últimos años de gestión de todo gobierno.

En el colmo de la ironía, además, en el curioso mensaje que pronunció en la avenida Brasil el 29, el propio presidente Humala repitió: “Al Perú nadie lo puede parar”. Y lo que vino a continuación fue el desfile cívico-militar, al que también se conoce como ‘la Gran Parada’.